El expresidente se presentó a declarar en la causa que se investigan seis hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017.

El expresidente Mauricio Macri se encuentra en la ciudad de Dolores, donde debe prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto.

Macri llegó en auto a las 11.50 al edificio de la Municipalidad de Dolores, donde desde más temprano se habían congregado algunos dirigentes del PRO, como Cristian Ritondo, Hernán Lombardi, Gabriela Michetti y Martín Yeza, para brindarle su apoyo al exmandatario.

Macri fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.

Este hecho derivó en una segunda recusación presentada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó el lunes "in limine" tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.

El incidente de recusación ya se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, a diferencia de lo que hizo en el primer intento de la defensa de Macri, convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.

Si bien la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones no suspende la indagatoria prevista para hoy, en el ámbito judicial especulan con que la defensa de Macri podría intentar una nueva postergación bajo el pretexto de que la Cámara Federal de Mar del Plata no volvió a ratificar a Bava al frente del expediente.

La abogada Valeria Carreras, representante legal de una de las querellas, consideró que la decisión adoptada por "la Cámara en esta oportunidad es una clara señal contra el juez Bava" y lamentó que implicara una "nueva pérdida de credibilidad de la Justicia".

"Al hacer lugar al pedido de prueba del imputado Macri, la cual incluye sea remitido el video de la audiencia de indagatoria del día 28/10/21, está poniendo en duda los dichos del juez volcados en el acta de indagatoria de ese día que fuera firmada tanto por Macri como por su defensor particular Lanusse", sostuvo la abogada.

La misma querella había denunciado ayer que el expresidente está actuando en el expediente con "mala fe" procesal al señalar que desde que fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado recurrió a distintas "chicanas" para evitar tener que rendir cuentas ante la Justicia.

La última de esas argucias enumeradas por la querella fue el pedido que hizo la defensa del exmandatario para que se lo autorice a viajar el 15 de noviembre a Arabia Saudita ante una supuesta invitación que le cursara el príncipe de ese país y que no fue adjuntada en el pedido de autorización.

El mismo día que lo citó a indagatoria por primea vez, el juez Bava le impuso a Macri la restricción de salir del país y su situación procesal no cambió desde ese entonces (de hecho, aún no se cumplió de forma completa con la indagatoria), por lo que la querella que encabeza Carreras se manifestó en contra de que se le conceda el permiso solicitado.

El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan, también manifestó su oposición al pedido de autorización formulado por la defensa de Macri para que lo autorice a salir del país y reiteró el pedido de que se le dicte prisión preventiva porque considera que su actitud representa un riesgo para el expediente.

Tagliapietra enumeró que Macri buscó de distintas formas eludir su indagatoria, que quiere irse a Arabia Saudita –"país con el que no hay acuerdo de extradición"- e hizo pública su intención de irse a dar clases a una universidad de los Estados Unidos

Sobre la polémica vinculada con el supuesto deber de confidencialidad de Macri, el juez Bava resaltó el lunes que lo citó a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de confidencialidad porque, a su criterio, no era necesario.

En la causa se investigan supuestos delitos de inteligencia "prohibidos por la ley" y no "actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional" ante lo cual "no resultaba necesario el relevamiento en cuestión", sostuvo.

Pese a ello, luego de suspendida la indagatoria el juez envió un oficio al presidente Alberto Fernández para pedir que se releve a Macri de ese deber, algo que se concretó al día siguiente.

Macri deberá presentarse en Dolores para ejercer su derecho a defensa en torno a seis acusaciones concretas de hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino en 2017.

El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria, en una resolución que firmó Bava el 1 de octubre pasado.

Además, la Justicia sospecha que el exmandatario se nutrió de informes elaborados por la AFI para poder conocer de antemano los reclamos que le harían los familiares de las víctimas y que algún organismo del Estado pudo haber utilizado la información para saber con quienes se vinculaban.

En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están acusados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani,

Macri fue citado por primera vez para el 7 de octubre, pero no se presentó porque estaba fuera del país y luego faltó a la segunda convocatoria, fijada para el 20 de octubre, oportunidad en la que su abogado presentó por vía remota la primera recusación contra el juez.

La tercera convocatoria fue la del jueves pasado que se suspendió por el pedido de la defensa de Macri, acompañado por el fiscal Juan Pablo Curi.

En esa audiencia del jueves pasado el expresidente llegó a escuchar la lectura de los cargos en su contra, antes de que su defensa pidiera la suspensión por no haberse hecho el pedido de relevarlo del deber de confidencialidad en base a la Ley de Inteligencia 25520.