En una dura resolución revocó el sobreseimiento que había ratificado la Cámara Federal sobre Devoto y Lamagrande, encargados de bloquear a las empresas del Grupo Indalo para perjudicarlas ante el fisco. Máximo tribunal penal consideró que no hay certeza de que el accionar de Abad y de los funcionarios no haya sido delictivo.