El secretario de Relaciones Institucionales del Centro de ex Combatientes de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, denunció públicamente haber recibido “mensajes intimidatorios” por parte de un allegado a militares que cuestiona la causa tramitada en la ciudad de Río Grande donde se investigan supuestas torturas infligidas a soldados durante la guerra de Malvinas.

Alonso reveló los mensajes que recibió en su teléfono particular luego de que se conociera la decisión de la jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, de suspender por “falta de personal” y de “espacio físico” las declaraciones indagatorias a 18 integrantes de las fuerzas armadas que debían presentarse entre el 27 de junio y el 4 de julio.

Según el integrante del Cecim, las intimidaciones fueron cometidas por Pedro Güiraldes, “un ingeniero y columnista del diario La Nación, sobrino nieto del autor de Don Segundo Sombra, Ricardo Güiraldes, e hijo del comodoro Juan José Güiraldes, ex presidente de Aerolíneas Argentinas y también redactor de muchos de los discursos emitidos por los jefes militares durante la última dictadura”, recordó.

Alonso aseguró que Güiraldes le envió “una serie de mensajes”, donde le advierte que “deje de gastar a cuenta de indemnizaciones y empiece a ahorrar para pagar honorarios, costas y sentencias por demandas civiles que les lloverán”.

“Me imagino lo bien que te debe hacer, soportar fracaso tras fracaso con un intento de venganza que sólo apunta a esconder tus miserias. Me das lástima”, afirma otro de los Whatsapp recibido por el ex combatiente.

Por último, un tercer mensaje, de tono irónico, sostiene que “espero que pases un lindo 25 de mayo, sobre todo con suficiente espacio, que parece que en Río Grande no es suficiente”, en alusión a que la jueza Borruto suspendió las indagatorias de ex militares con el argumento de que el juzgado no tiene lugar suficiente para desarrollar el acto procesal.

Güiraldes es el autor de una nota de opinión donde cataloga a la causa por presuntas torturas a soldados como un intento de “manipulación de la justicia” para “obtener sentencias favorables” y “reclamar compensaciones económicas”.

También menciona que las supuestas torturas denunciadas por soldados argentinos tras la guerra de 1982, fueron en realidad “malos tratos” que no deberían reconocerse como delitos de lesa humanidad.

No ha lugar

Los ex militares imputados en la causa debían ser indagados por disposición del juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete, antes de que Borruto asumiera sus funciones.

Sin embargo, la nueva magistrada que juró en el cargo el 8 de mayo dictó una resolución en la que manifiesta la imposibilidad de realizar ese acto procesal debido a la falta de recursos humanos para destinar a la investigación.

“No puede desconocerse que este juzgado no cuenta con una asignación de personal específico para la actividad que demanda la instrucción de estas actuaciones, máxime tomando en consideración el incremento de tareas que ha traído consigo la convocatoria de los imputados a prestar declaración indagatoria”, fundamentó Borruto en un escrito oficial al que accedió este medio.

En ese sentido, mencionó que “no puede desconocerse que los hechos que nos ocupan son de una trascendencia y complejidad que requieren de una especial atención”, y recordó que sus antecesores en el cargo requirieron, incluso, la creación de una secretaría específica para esta causa.

La jueza también sostuvo que el edificio donde funciona el juzgado “dificulta que pueda garantizarse la normal realización de las audiencias fijadas, en la que se contará con la presencia de los imputados, pero así también, muy probablemente, de numerosas personas interesadas en el trámite de la presente”.

Alonso, que interviene como querellante en el caso, sostuvo que a 12 años de iniciado el expediente, y a 37 años de la guerra, “la decisión de la jueza Borruto resulta inadmisible”.

“Es una nueva dilación para un proceso donde las víctimas siguen esperando verdad, memoria y justicia. Es algo que nos sorprende porque los funcionarios judiciales no pueden excusarse en falta de recursos para brindar el servicio de justicia”, señaló.

Por su parte el abogado del equipo jurídico del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, consideró que el Estado “tiene la obligación y no puede poner excusas de este tipo para desarrollar una investigación de tamaña magnitud”.

“Esta suspensión vuelve a poner a las víctimas como moneda de cambio, vulnerando nuevamente el derecho de acceso a la justicia. Es otra muestra de revictimización y la responsable es la jueza Borruto”, aseveró el letrado.

La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982, quienes revelaron haber sido víctimas de “estaqueamientos” y “enterramientos”, entre otros maltratos físicos perpetrados por oficiales y suboficiales contra integrantes de la propia tropa.

La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Cecim.

Fuente:EDFM