“Se trata de un nuevo intento debido a que hace un poco más de dos años otra empresa de capitales anglo holandesa había sido adjudicataria de un proyecto para mejorar las capacidades portuarias de Puerto Argentino”, señaló Dachary en una nota para la radio.

En esa linea, precisó que se trata de un proyecto con miras a tener mayor capacidad operativa en la explotación de recursos naturales, “Además de no cumplir con las leyes fueguinas, perjudica claramente la posición de nuestro país por una infraestructura que sería funcional a mejorar el saqueo de nuestros recursos naturales, lo que tiene que ver con la pesca y los hidrocarburos”.

“Consolidar de cierta manera esa columna vertebral logística que tienen los británicos en Tristán de Acuña, en las Islas Ascensión, es decir todas las distintas islas que se encuentran en el Atlántico Sur. Amenazar otra parte de la provincia de Tierra del Fuego como es Antártida con la capacidad de proponerse como una puerta de ingreso al continente blanco”.

Y sumó: “De tener una posición privilegiada de controles como los es el paso bioceánico, y ahora nuevamente han salido noticias en distintos medios en que se volvería a la carga con esta intención con otras empresas involucradas”.

En esta ocasión, la provincia seguirá una estrategia similar, buscando intimar a la empresa constructora y a sus proveedores para que respeten las leyes provinciales. “Nosotros recibimos la instrucción del gobernador para avanzar en el mismo sentido como lo hicimos hace dos años. La lógica acá es como si fuera cualquier otra parte de la provincia en donde cualquier empresa privada que desea montar un puerto tiene que cumplir con toda una serie de normativas”.

De ese modo, Dachary, indicó, “El primer paso de esa normativa es hacer una presentación ante la Secretaría de Ambiente, lo que es la validación del proyecto más allá de las distintas instancias que se tienen que atravesar por la complejidad”.

“Por eso lo que vamos a hacer es una intimación como se hizo en su momento con la empresa BAM Nuttall, que felizmente dio resultado y el proyecto fue desistido, para que la empresa normalice lo que es esa intención de construir un proyecto con toda la documentación técnica y demás, como en el caso que se está haciendo con una empresa que no tiene sede en el país y se hace a través de la Convención de la Haya, que es la que le da el amparo legal”, sostuvo sobre las medidas legales.

“Acá se abren dos opciones, responder o no responder, en caso que no lo haga, no recuerdo concretamente pero creo que tiene un plazo de 90 días hábiles, o en el caso que la respuesta no sea satisfactoria, ahí ya se dejaría lo que es la instancia administrativa y se ingresa directamente a una instancia de judicialización en la cual se pueden perseguir distintos objetivos e impedir cualquier tipo de negocio e inversión en otra parte del país”, subrayó finalmente Dachary.