La secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, resaltó la importancia de este reconocimiento al que definió como “un hecho histórico”. Señaló que Tierra del Fuego es una de las pocas provincias del país que ha incorporado en las actas de nacimiento la pertenencia indígena. “Es un trabajo que viene realizando la Subsecretaría de Pueblos Originarios, a cargo de la doctora Altamirano, junto al Secretario de Justicia y Derechos Ciudadanos, el doctor Carrillo”, explicó.
Splausky detalló que este avance se logró gracias a una resolución que surgió como parte de un proceso de construcción institucional: “Tiene que ver con un andamiaje que se viene generando desde la Secretaría de Justicia. Ya se pudo materializar y por eso se hizo el acto en Tolhuin. La provincia marca un hito al garantizar por primera vez este derecho en las actas de nacimiento. Es un avance siempre en pos de más derechos y no en retroceso”.
La funcionaria sostuvo que el trabajo conjunto con las comunidades fue clave: “Esto se construyó con los propios integrantes de las comunidades. Ellos plantearon esta necesidad y se buscó la manera de materializarla. Las personas pertenecientes al colectivo indígena pueden acercarse a la Subsecretaría de Pueblos, al Registro Civil o a sus propias comunidades para iniciar el trámite”.
Aclaró que no se trata de un procedimiento complejo: “Es relativamente sencillo. Lo que se pretende es evitar toda la burocracia. La comunidad que acompaña este proceso tiene personería jurídica y hay algunos requisitos básicos, como haber nacido en la provincia. No es un trámite excesivamente burocrático”.
Asimismo, remarcó que el reconocimiento también incluye el derecho a usar nombres originarios. “No hay ningún impedimento legal para tener un nombre indígena. Al contrario, viene a reivindicar los derechos. Aunque muchas veces hay trabas por burocracias internas o falta de reglamentación, el derecho está reconocido en nuestra Constitución con rango constitucional”.
La secretaria destacó que, en el contexto nacional actual, este tipo de políticas adquieren aún más valor. “Mientras a nivel nacional hay un retroceso en los derechos ya conquistados, la provincia ha fortalecido los derechos de esta población. No sólo en materia indígena, también en derechos de las mujeres y de la diversidad. Esta resolución, la 98/23, fue emitida por la Secretaría de Justicia del Ministerio de Gobierno, en articulación con Derechos Humanos y la Subsecretaría de Pueblos. Fue un trabajo interinstitucional y también con las organizaciones civiles”.
Finalmente, Splausky expresó su deseo de que esta iniciativa sea replicada: “Es un hito muy importante. Ahora el desafío es que otras provincias también lo tomen y lo puedan aplicar. Estamos trabajando para eso”.
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