El pasado 9 de julio, el Teniente General Juan Martín Paleo publicó un artículo en el que alertaba “Desde el nivel Estratégico Militar, la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos LEOLABS en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

Tras las declaraciones, el legislador Scirurano resaltó la necesidad de institucionalizar el debate debido a su sensibilidad y su impacto en la defensa del país. “Esto empezó a tomar un estado público con un volumen y con un perfil distinto que fue lo que generó que en la Legislatura generáramos una reunión con la Secretaria de Malvinas de la provincia para profundizar y tomar algunas decisiones para poder tener una información más correcta”.

“También es verdad que en el trascurso de este proceso de repente aparecen declaraciones del Jefe del Estado Mayor Conjunto con una mirada muy crítica sobre lo que casualmente había decidido hasta ese momento, tanto el cuerpo diplomático de nuestro país como es Cancillería y Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional”, indicó.

A pesar de la suspensión dictada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación, los interrogantes persisten en cuanto a la instalación de manera encubierta y en torno a los nombres de los miembros que lideran o administran el proyecto en Argentina.

“Paleo planteaba que la soberanía de nuestro país estaba en riesgo por este radar que ya se había autorizado a instalar y esto lo hace de una manera que no corresponde. Ante los primeros comunicados públicos y como jefe mayor, que entiendo que tiene manejo de la inteligencia del país, cuando recibió la primera inquietud, en este caso de la Cancillería Argentina, debió haber gestionado para evitar que efectivamente este proceso continuara administrativamente, como lo hizo hace muchos meses hasta llegar a la instalación que estamos hablando”, apuntó Sciurano.

En esta instancia, fue contundente al considerar “No se puede permitir que el Jefe del Estado Mayor, hablé de temas que le son directamente responsabilidad al cargo que ostenta, casi con una mirada de nota de opinión”. Frente a esto, los legisladores han acordado una serie de acciones para obtener más información sobre el proceso que condujo a la autorización temporal, por parte del Gobierno Nacional.

“En la última reunión que tuvimos lo que acordamos los legisladores en primera instancia, es pedir una reunión en el Ministerio de Defensa para ver cuál es la mirada institucional considerando esa nota de opinión presentada en un medio nacional por el Jefe del Estado Mayor Conjunto”.

Por otro lado, Sciurano destacó la importancia de contar con la presencia de Paleo en la comisión 7 de la Legislatura, integrada por todos los legisladores, para poder profundizar en el tema y propiciar un diálogo constructivo. “Para que efectivamente podamos profundizar y darle valor institucional a esta opinión que ha dado. Me adelanto a decir que si decidiese no participar de la reunión que será convocada, inmediatamente la legislatura de la provincia le va a dar un perfil a sus declaraciones porque claramente ha tenido la necesidad de expresarse de esa manera por algunas cuestiones que están muy alejadas de la responsabilidad del cargo que tiene”.

Al ser consultado sobre cuál es el perfil al que hace referencia, el legislador respondió, “Puedo hablar por mí no por todos los legisladores, pero claramente una persona que tiene este cargo y hace las declaraciones que hace en un medio nacional específicamente sobre la vulnerabilidad que tiene nuestra provincia y parte de la soberanía del país, y decide no participar evidentemente ha tenido una mirada especulativa al momento de dar una opinión, pero claramente no hay detrás de eso un interés nacional e institucional, sino que tiene una transcendencia mucho menor a lo que significa hablar de soberanía”.

Al mismo, hizo alusión al inicio del trabajo para la impulso de proyecto de ley que reglamente cuáles son los mecanismos para instalar, por ejemplo, un radar de estas características.

“A través de este caso que se atienda a la posibilidad de que haya un pasillo legal cuando se presentan inquietudes de estas características. Es necesario que la provincia reglamente cual debe ser el camino y el proceso administrativo cuando aparecen autorizaciones del gobierno nacional en función de instalar infraestructuras de estas características”.

En cuanto al correcto proceder, dio su opinión, “Evidentemente lo ideal no es que este tipo de emprendimiento en una zona como la nuestra, la encabecen empresas que puedan tener intereses británicos, como lo que podido leer en estas últimas semanas. Pero cuando vamos a lo que ha transcendido originalmente de cuál era el interés por el cual la Cancillería Argentina, el Gobierno argentino, la Jefatura de Gabinete y la Secretaria de Comunicación han cedido, cuando se lee los fundamentos de ese expediente no se encuentra ninguna cuestión por la cual uno pudiera evitar la instalación, pero ha generado una controversia una opinión dad que nos ha puesto a todos en alerta”.

Para cerrar, sobre cuando seria convocado el Jefe del Estado Mayor Conjunto a la Legislatura, dijo: “Es un tema que vamos a resolver en el transcurso de esta semana, en cuanto tengamos la fecha definida lo vamos a transmitir”.