Canals explicó que se está trabajando dentro del marco de una ley de emergencia aprobada por la Legislatura, que tiene una vigencia inicial de dos años con la posibilidad de una prórroga por un año adicional, siempre sujeta a la evaluación de los informes que presente el Ejecutivo provincial. “La ley abarca varias áreas prioritarias, como la Policía, el Servicio Penitenciario, el sistema 911 y los patronatos liberados. Se prevén dos fuentes claras de financiamiento: una corresponde a fondos propios del Tesoro provincial, con una asignación de 4.000 millones de pesos, y la otra a un posible endeudamiento, ya sea mediante letras de la Tesorería o préstamos de entidades bancarias. Este último mecanismo es más complejo, pues requiere la aprobación del Ministerio de Economía de la Nación y del Banco Central”, detalló.

El viceministro destacó el trabajo conjunto con la Legislatura, tanto en el proceso de aprobación de la ley como en la presentación reciente de los avances de su implementación. Si bien reconoció que la ejecución no está avanzando con la rapidez esperada, subrayó que ya se han concretado algunos proyectos. "Logramos licitar, adjudicar y firmar el contrato para iniciar la obra de refuncionalización del anexo 4 en Ushuaia, que ya está en marcha. Esta obra va a permitir descomprimir la situación del Servicio Penitenciario en la ciudad. Además, estamos avanzando en la adquisición de nuevos móviles para la Policía a través de un endeudamiento con el Banco de Tierra del Fuego. En este caso, no se requiere la autorización del Banco Central ni del Ministerio de Economía, debido a que, según una resolución vigente, la compra de equipamiento vehicular para estas instituciones queda exceptuada de esos requisitos siempre y cuando el monto no supere los 2.500 millones de pesos", explicó.

En cuanto a las dificultades para implementar la ley con mayor celeridad, Canals señaló que los recursos provinciales han caído considerablemente. "Los ingresos por coparticipación federal y recursos propios se desplomaron. En los últimos tres meses, la provincia perdió 16.000 millones de pesos en ingresos reales, lo que obliga a reestructurar prioridades y revisar los programas del gobierno, especialmente considerando los compromisos salariales", alertó.

El viceministro también se comprometió a presentar un plan de acción y ejecución de la ley esta semana, el cual detallará las obras proyectadas, aunque todo dependerá de los recursos que logren obtener en los próximos meses.

En relación con la superpoblación carcelaria y los proyectos vinculados al sistema penitenciario, Canals reconoció que los contratiempos siguen siendo económicos. “Pero eso no nos impide seguir trabajando en alternativas. Tenemos un proyecto integral para mejorar el servicio penitenciario y encontrar una solución definitiva. Hablamos de una nueva alcaldía para Ushuaia, de entre 6.000 y 7.000 metros cuadrados, que permitiría descomprimir completamente la situación actual. En Río Grande también se proyecta una unidad de detención similar a la existente”, detalló.

Canals resaltó que ya cuentan con proyectos ejecutivos elaborados, con materiales, mano de obra y costos definidos, los cuales fueron parte de la exposición ante los legisladores. "Los proyectos están listos, pero lo que falta son los recursos. No es falta de voluntad ni de trabajo: el problema es financiero. Por eso hay que reevaluar prioridades y ver cómo podemos acompañar a los sectores más vulnerables, como aquellos que perdieron el Plan Sumar o ya no reciben el FONID. La provincia debió absorber esos costos, lo cual impacta directamente en el presupuesto", explicó.

En ese contexto, el viceministro señaló que están buscando alternativas con el sector privado y organismos internacionales de financiamiento. “No podemos quedarnos solo con el ‘no hay plata’. Es cierto que los recursos se desplomaron y la situación es crítica, pero seguimos presentando iniciativas y analizando propuestas. Hay que mantener vivo el ingenio para encontrar soluciones”.

En relación con las críticas del diputado Santiago Pauli sobre supuestos aumentos salariales del 1% para la Policía, Canals aclaró que "no hay ningún aumento del 1% en ninguna de las áreas del Estado". Aseguró que el gobierno provincial está cerrando un incremento salarial para esta semana, consistente en un 4% por los meses de marzo y abril, y un 5% para la Policía de la provincia.

Consultado sobre si desde Nación han cuestionado los incrementos salariales otorgados por la provincia, el viceministro explicó que estas decisiones se basan principalmente en los recursos propios de la provincia y la coparticipación federal, destacando que la realidad económica de Tierra del Fuego es muy diferente a la nacional. "Lo que hay que entender es que la situación es muy diferente, y una realidad que no se puede negar es que es necesario mejorar los salarios de los trabajadores para poder impulsar la economía local. Un aumento salarial no va para la compra de dólares o acciones, sino que va al mercado local. Eso dinamiza la ciudad, motoriza la provincia, y no va a otro tipo de mercados. Es una decisión política, una postura clara del gobernador desde el primer día, y es por eso que se decidió mejorar los salarios de los agentes provinciales", agregó.

Además, destacó que la provincia ha tomado decisiones importantes para apoyar a diferentes sectores, como los trabajadores de la construcción, especialmente en la veda invernal, cuando la paralización de la obra pública nacional afecta fuertemente a este sector. “Hoy, casi todo lo que tenía que ver con obra pública nacional está paralizado. Solo los recursos propios de los municipios y de la provincia han permitido que se sigan ejecutando obras", comentó.

En cuanto a las críticas sobre los aumentos salariales, Canals expresó que estos cuestionamientos carecen de fundamento real. "Lo curioso de estas críticas es que, parece que al subirse al avión hacia Buenos Aires, todo cambia. La perspectiva se modifica por completo, y para Tierra del Fuego se adopta una postura muy crítica sobre cómo se distribuye el salario de los trabajadores del Estado, pero luego votan a favor de congelar las jubilaciones", apuntó. “Es interesante cómo se critica que la provincia haya dado un aumento de hasta un 12% para la Policía, pero no se dice nada cuando a nivel nacional la Policía Federal solo recibió un 5%. Hay una crítica muy fuerte hacia lo que hacemos, como si estuviéramos tomando decisiones equivocadas, pero cuando se observa lo que pasa a nivel nacional, la crítica se vuelve incoherente", opinó.

Por último, Canals se mostró sorprendido por las críticas que plantean un aumento del 1%, y destacó que este tipo de planteos "desconoce lo mínimo de lo que está pasando en la provincia". “Lo que pasa es que, a veces, algunos se limitan a hacer críticas en redes sociales solo por hacerlas. Pero yo no soy de los que piensan que tenemos los mejores salarios en la policía. Es cierto que es necesario conseguir más recursos y mejorar las condiciones, pero también tengo claro que un policía activo en nuestra provincia, un agente recién ingresado, va a estar ganando 1.100.000 pesos. Ahora, si alguien critica esa cifra y luego va a Buenos Aires a votar en contra de que los jubilados cobren 300.000 pesos, sinceramente, es una incoherencia completa. Yo, por lo menos, me callaría en ese caso. Pero entiendo que esto tiene que ver con un posicionamiento político, tal vez con fines electorales. Lo que me resulta claro es que esta postura está completamente alejada de la realidad, alejada de los números que manejamos en la provincia, y muy lejos de la situación real que vivimos. Pero bueno, todo esto también forma parte de ese posicionamiento político", concluyó.

En cuanto a la infraestructura del servicio penitenciario, Canals aseguró que ya están trabajando en soluciones. "Hemos licitado la obra del anexo 4 en Ushuaia, que ya se firmó y comenzó. Aunque es una obra pequeña, va a ayudar a descomprimir la situación en la ciudad. Además, estamos trabajando con el sector privado, explorando posibilidades para encontrar soluciones de mediano y largo plazo tanto para Ushuaia como para Río Grande. No tenemos nada cerrado aún, pero estamos en la búsqueda de alternativas y vemos al sector privado como un aliado en este proceso", concluyó.