En declaraciones a FM Fuego, el senador Pablo Blanco abordó varios temas clave de la agenda actual. En primer lugar, expresó su molestia por la exclusión de las Islas Malvinas en un mapa de Argentina presentado durante un encuentro oficial para atraer inversiones a través del Régimen de Inversiones para Grandes Empresas (RIGI).

Blanco subrayó que no es la primera vez que ocurre este tipo de omisiones. "No es la primera vez, y no es propiedad exclusiva de este gobierno el olvido de las Islas Malvinas en el mapa de la República Argentina", afirmó. A pesar de que la Jefatura de Gabinete calificó el hecho como un error, el senador manifestó su escepticismo al respecto y remarcó la importancia de no permitir este tipo de "errores involuntarios": “Más en esta oportunidad, en una presentación sobre el RIGI con representantes extranjeros del país, y más cuando ya tenemos un nuevo mapa autorizado y obligatorio a través de una ley”.

Y remarcó, “Aquel que está acostumbrado a reconocer el mapa de debería darse cuenta cuenta que ahí faltan las Islas Malvinas y el sector antártico, que son parte ni más ni menos de la provincia de Tierra del Fuego”.

En relación con la sucesión del fallecido diputado Tito Stefani, Blanco destacó que la ley electoral es clara en cuanto a los reemplazos. Aseguró que, de acuerdo con la normativa vigente, el reemplazo le corresponde a Ricardo Garramuño de Somos Fueguinos.

“La ley electoral claramente especifica cómo es la metodología pero en definitiva la que debe tomar la determinación es la Justicia Electoral. No es que estoy dando una opinión interesada o no, estoy dando una opinión de acuerdo a lo que dice el Código Nacional Electoral, lo que hace a los remplazos y las suplencias. Inclusive me asesore en ese sentido y lo que establece la ley es que en el caso de los diputados nacionales, una vacante de un hombre es remplazado por un hombre, lo mismo para con la mujer”.

“Puedo estar o no de acuerdo pero es lo que dice la ley, pero en definitiva en esta controversia que puede llegar a haber en la interpretación, el responsable en decir que es lo que legalmente corresponde, es la Justicia Electoral, así que aquel que tenga duda tiene que concurrir ahí y la justicia electoral dirá como es. A mí no me cabe ninguna duda, y en esto no estoy tomando partido por ningún candidato, es lo que a mí me preguntaron y lo que yo interpreto de la ley”, agregó en ese sentido.

Por último, Pablo Blanco se refirió al presupuesto universitario y expresó su preocupación por el insuficiente financiamiento destinado a las universidades públicas. En este contexto, instó a los diputados del PRO a "honrar su palabra" y a defender los recursos necesarios para la educación superior en el presupuesto 2025. "Al analizar el proyecto de presupuesto que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, se evidencia una clara intención del gobierno nacional de no proporcionar a las universidades el financiamiento que realmente requieren".

También destacó que al comparar el presupuesto de 2025 con el de 2024, se observa que, en muchas partidas relacionadas con la educación universitaria, se mantiene el financiamiento, pero en otras se ha recortado. “Ellos cuestionan que las universidades no están de acuerdo con que se las auditen y esto no es así, porque la ley del financiamiento universitario establecía en uno de sus artículos, la obligatoriedad de las auditorias, y sin embargo cuando se trató, el partido del gobierno, conjuntamente con el PRO y con Unión por la Patria, votaron en contra de la fiscalización”.

En ese sentido señaló que actualmente la Auditoría General de la Nación (AGN) está llevando a cabo las auditorías, pero aún no se ha completado su integración debido a decisiones del oficialismo, que no ha designado a sus representantes. Asimismo, criticó la falta de avance en la creación de la Comisión Bicameral de Control de las Cuentas Públicas, responsabilizando al gobierno de las demoras, "Así que aquellos que cuestionan que las universidades no permiten o no quieren ser auditas, son los que tienen en su poder las herramientas para que las universidades sea auditadas y no la llevan a cabo”.

Por último, cuestionó, “Tampoco deja sin efecto la resolución del gobierno anterior donde le quitó la facultad de arbitrar a las universidades a la SIGEN, (Sindicatura General de la Nación), para hacer las inspecciones en el momento, no como lo hace la AGN que lo hace con posterioridad. Me parece que ahí salta claramente la contradicción de este gobierno que dice una cosa pero hace otra”, concluyó.