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Politica

Lechman presentó una acción judicial contra la Reforma Constitucional

El legislador de Somos Fueguinos (SF) Jorge Lechman presentó este lunes ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Legislatura en diciembre de 2023. Solicitó además una medida cautelar de no innovar para detener la implementación de la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad.

En su presentación, Lechman, argumenta que el Decreto Provincial N°1656/24, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 30 de julio de 2024, excede el plazo legal de 210 días establecido por la Ley Provincial N°1529 para la convocatoria a elecciones de la Convención Constituyente.

Dicha ley, sancionada el 13 de diciembre de 2023 y promulgada por Decreto Provincial N°3281/23 el 29 de diciembre de 2023, estipulaba el mencionado plazo, que según Lechman, ha sido incumplido.

Subsidiariamente, en caso de que no se considere la caducidad, pide que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N°1529. Asimismo, Lechman pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la convocatoria a elecciones hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Además, el decreto convocaba a elecciones para la constitución de dicha Convención y establecía la composición, condiciones y procedimientos de la misma, otorgándole un plazo de sesenta días hábiles para completar su labor.

Lechman subrayó que si bien todo se dio bajo el marco legal, el pedido de reforma le falta a la verdad democrática por varias razones. En primer lugar, no existió debate democrático, señalando que la reforma fue aprobada sin un amplio debate público ni el consenso necesario, lo que compromete su legitimidad.

En segundo lugar, acusa un exceso en la delegación de poderes por parte del Ejecutivo Provincial, quien ha asumido facultades que exceden sus competencias, promoviendo una reforma sin la debida consulta popular y legislativa.

Finalmente, critica los plazos inadecuados, argumentando que los sesenta días hábiles otorgados a la Convención Constituyente son insuficientes para un debate profundo y exhaustivo de temas tan críticos, lo que podría llevar a decisiones apresuradas y mal fundamentadas.

Ante el Superior Tribunal de Justicia

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