La reunión que iba a mantener el presidente Alberto Fernández con los gobernadores que responden al oficialismo en la residencia de Olivos el sábado 11 de febrero quedó cancelada.

Allí se iba a empezar a discutir con los jefes provinciales la estrategia electoral para los comicios de este año, dentro del llamado que hizo el jefe de Estado para conformar una mesa nacional del Frente de Todos, que se realizará en la sede porteña del Partido Justicialista el jueves de la semana que viene.

La suspensión del almuerzo previsto es una muestra más de las diferencias que subsisten dentro de la coalición oficialista. En un primer borrador, en el círculo íntimo del Presidente, figuraban los gobernadores más cercanos como el catamarqueño Raúl Jalil, el riojano Ricardo Quintela y el tucumano Osvaldo Jaldo, quien está reemplazando interinamente en el cargo al actual jefe de Gabinete, Juan Manzur. A los tres los visita seguido y mantiene un diálogo fluido. Con Quintela, por ejemplo, compartirá un acto esta tarde en la provincia norteña. El resto oscila en el vínculo según la ocasión, el tema y su agenda propia, entre otras variables, para asistir a las convocatorias presidenciales.

Obviamente que el mandatario pensaba sentar al debate a otros que también pertenecen al espacio como Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Mariano Arcioni (Chubut) pero no logró sumar sus adhesiones. Sabía que sería más difícil convencer a los más cercanos al kirchnerismo como en los casos de Axel Kiciloff (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Capitanich (Chaco).

El presidente Alberto Fernández junto al gobernador Ricardo Quintela, de La Rioja, uno de los más cercanos al Gobierno. Foto NA

Se guardaba cierta esperanza sobre convencer a Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y con Sergio Uñac (San Juan). Pero también hubo reticencias a la convocatoria. El vínculo se había resquebrajado con varios de los gobernadores tras el fallo sobre la coparticipación que dictó la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado. La decisión presidencial de negarse a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires lo que establecía esa cautelar y la intención posterior de abonar con bonos provocó un primer cortocircuito.

La inasistencia o la resistencia a respaldar a Alberto Fernández cuando impulsó el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema no hizo más que aumentar el descontento entre los mandatarios provinciales. Solamente 11 suscribieron esa iniciativa. E incluso algunos como Bordet reclamaron por haber sido incluidos en un primer momento en el documento que se difundió públicamente, cuando estaba en desacuerdo.

El martes de esta semana, el Presidente, con la misma finalidad de discutir los lineamientos que tendrá la campaña electoral recibió a intendentes de la Primera y la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, también en la residencia de Olivos. En este caso tampoco se confirmó con antelación quiénes asistirían, otra una señal de las dificultades para reunir voluntades. Hubo 24 asistentes entre los que se contaron algunos que están en uso de licencia (como Mariano Cascallares, de Almirante Brown o Alejandro Granados, de Ezeiza), que son interinos y otros que enviaron a un representante como Jorge Ferraresi, de Avellaneda, quien mandó a Alejo Chobornoff, quien lo había suplantado cuando era ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial en el Gabinete nacional.

Aunque desde el Gobierno mostraron cierta satisfacción, allí tampoco la convocatoria fue tan masiva como pretendían.

Las principales divergencias en el Frente de Todos giran en torno al objetivo que tiene esa mesa nacional que se realizará el jueves. El Presidente quiere un espacio bien amplio donde se hable de estrategia de campaña pero no se pongan en duda las PASO como herramienta para definir las postulaciones al sillón de Rivadavia -incluyendo la suya a la reelección-; ni se incluyan discusiones sobre la gestión. El sector de Cristina Kirchner quiere exactamente lo opuesto.