El proyecto de Ley Ómnibus se convirtió en calabaza y empezó la carrera parlamentaria de cero, luego de que el presidente Javier Milei ordenó desde Israel que vuelva al tratamiento en Comisiones. El Gobierno aún no resuelve cómo proseguir con el proyecto: mientras que algunos ya lo dan por muerto y el presidente medita la idea de convocar un plebiscito, fuentes de la Rosada afirmaron que esa carta todavía no la quieren jugar y evalúan cómo buscar consensos en el menú limitado de temas que están dispuestos a ceder.

Aunque el líder libertario calificó a los que votaron en contra del proyecto como un "conjunto de delincuentes" y publicó una lista con sus nombres bajo el título de “traidores”, el ministro del Interior Guillermo Francos hoy se distanció de esa narrativa y dijo que apuesta a "volver a sentarse" con los distintos sectores políticos porque "uno no puede obviar al parlamento".

"En lo personal, yo no me siento traicionado. Deberíamos haber llegado a un acuerdo que no se concretó", expresó en declaraciones radiales este miércoles por la mañana, en donde también admitió que todavía no han definido la estrategia. Luego, mantuvo reuniones con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en donde analizaron sus posibilidades: la idea es evitar, dentro del marco constitucional, pasar por el Congreso con la mayor cantidad de temas posibles.

Durante el fin de semana antes de la sesión del martes, como publicó BAE Negocios, la aprobación del proyecto no estaba asegurada. Los mandatarios provinciales no habían llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre cómo asegurarse los fondos, y Milei no estaba dispuesto a ceder. Mientras que los gobernadores forjaban sus demandas sobre la coparticipación con el poder en el recinto, Milei retrucaba con la amenaza de un ajuste mayor.

La primera reacción del Ejecutivo fue la condena pública. En línea con el discurso de campaña anti casta, desde antes de asumir ya preveían que el obstáculo principal iba a ser persuadir, pero sin negociar, con los demás sectores: desde entonces habían anticipado sobre la idea de llamar a una consulta popular. Sin embargo, aunque consigan que la mayoría de la población vote a favor del proyecto, el Congreso estaría obligado a tratarlo pero no a aprobarlo.

El plebiscito no le asegura la aprobación de la Ley Ómnibus al Gobierno

Según pudo saber BAE Negocios de fuentes oficiales, por ahora la idea de convocar un plebiscito está en vilo y solo será una opción si siguen habiendo desacuerdos. Sin embargo, algunos, a tono con Milei, ya lo dan por perdido. "Para sacar una mala ley, prefiero que no salga", fueron sus instrucciones, y decidió que todo lo que se había aprobado hasta el momento, inclusive la declaración de emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, sea desechado.

En esa línea, el vocero presidencial Manuel Adorni hoy agitó sobre la posibilidad de convocar un plebiscito y el diputado del PRO Gerardo Milman esta tarde presentó un proyecto de declaración para que el Ejecutivo lo cite.

Pero convocar un plebiscito no le asegura la aprobación del proyecto. "Le da fuerza política, pero no jurídica", analizaron los constitucionalistas en diálogo con este medio. Y esto es porque la ley que reglamenta la Consulta Popular (25.432) establece que las que son convocadas por el Ejecutivo no son vinculantes (es decir, no son de voto obligatorio), y su reglamentación implica el sometimiento al tratamiento parlamentario posterior.

Esto es a diferencia de los plebiscitos que puede convocar el parlamento que, por ley, serían aprobados automáticamente y promulgados en el Boletín Oficial. Además, en ambos casos se necesita la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en el padrón electoral, lo que implica la aprobación de la mitad más uno del padrón electoral.

Entre los analistas también se debate si sería una maniobra constitucional. Algunos creen que no, porque las cuestiones que resuelve el parlamento solo puede convocarlas el parlamento: "El presidente de la Nación no puede convocar una consulta popular sobre la Ley Ómnibus porque son temas del Congreso", consideraron.

Sin embargo, otros creen que como el artículo 6 establece que "puede ser sometido a consulta popular no vinculante todo asunto de interés general para la Nación", el criterio es más amplio. "Está dentro de las facultades del Presidente presentar un proyecto de ley, tiene iniciativa legislativa", argumentaron otros, y sujetaron: "Están buscando inconstitucionalidades por todos lados".