“La situación actual demuestra la urgencia de que el Congreso recupere su rol central en la Democracia y ejerza plenamente sus facultades legislativas. A la luz de los hechos recientes, es momento de que el Congreso Nacional recupere las facultades que nunca deberían haber sido cedidas”, manifestó la diputada Freites en sus redes sociales. Asimismo, resaltó que la decisión de delegar facultades al Ejecutivo nunca debió haberse tomado, ya que pone en riesgo el control que el Congreso debe ejercer sobre las decisiones del Gobierno.

La diputada de Tierra del Fuego, además, señaló que este tipo de episodios demuestra la discrecionalidad con la que se toman decisiones que impactan directamente en la economía y la estabilidad del país, y que no deben ser dejadas a la sola voluntad del Ejecutivo sin el debido control parlamentario.

El proyecto de ley presentado por Freites propone derogar el Título 1, artículo 1 de la Ley 27.742, sancionada el 8 de julio de 2024, que declara la emergencia pública en áreas clave y delega facultades al Poder Ejecutivo en situaciones excepcionales. En los fundamentos del proyecto, se menciona que, según el artículo 76 de la Constitución Nacional, el Congreso tiene la facultad de delegar atribuciones legislativas al Ejecutivo, pero solo bajo circunstancias excepcionales y por un tiempo limitado. Para la diputada, los hechos recientes protagonizados por el presidente demuestran que las condiciones que motivaron esa delegación ya no existen, lo que justifica una revisión.

Freites también cuestionó la falta de supervisión adecuada en torno a la criptomoneda que el presidente promovió, señalando que esta decisión no solo refleja improvisación, sino también un desconocimiento de principios fundamentales del sistema financiero. Este episodio, que ha tenido repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, aumenta la preocupación sobre la falta de previsión en decisiones económicas importantes.

Por último, la diputada destacó que la revocación de las facultades delegadas es una medida necesaria para restablecer el equilibrio de poderes, garantizar un control democrático adecuado y fortalecer la seguridad jurídica en el país.