La suspensión de ejecuciones fiscales a comerciantes por un plazo de 12 meses, y la ley que declara la esencialidad de los servicios alimentarios y comedores escolares en los establecimientos educativos del ámbito estatal.

En el marco de la aprobación por unanimidad de la suspensión de ejecuciones fiscales, el legislador sostuvo, “Es una herramienta que por supuesto no es la solución de fondo, pero si es un paliativo para aquellas empresas que en este periodo de ajuste por inflación y baja de recaudación de más del 30%, que es lo que alegaron cada una de las cámaras de comercio.

Y remarcó, “Lo que se tomó como herramienta es suspender por un año las ejecuciones de deudas del año 2023, lo que se hace no es una eximición de deudas sino un plazo para regularizarlas”. Sobre la situación planteada, Greve añadió, “AREF nos informó que hay más 700 ejecuciones en toda la provincia, sobre todo en la ciudad de Río Grande con una complejidad en el comercio aún mayor. Si hay bajas de ingresos permanentes se siente mucho más que en Ushuaia, que tiene la dicha de recibir el turismo nacional e internacional que hace pasar la situación de diferente manera. Es un alivio que nos pidieron las cámaras de comercios”.

En esa misma línea quedó establecido que tanto DPOSS (Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios) como la DPE (Dirección Provincial de Energía) también suspenden el inicio y continuidad de acciones judiciales. En el caso de la Cooperativa Eléctrica de la ciudad de Río Grande, se extendió la invitación a aplicar el mismo beneficio.

“Una vez que se promulgue la ley se van a suspender los plazos procesales, lo que se logra es que si una persona tuviera un embargo sobre un bien mueble e inmueble, no se le ejecute ese bien de garantía para el cobro de los impuestos de la provincia. Eso les da el plazo para trabajar en la situación económica y levantar el embargo preventivo”, declaró.

Por otro lado, se expresó respecto a la ley que declara la esencialidad de los servicios alimentarios y comedores escolares en los establecimientos educativos del ámbito estatal, “No hay provincias que tengan antecedentes de este tipo, es algo histórico para las escuelas de gestión estatal”.

“Hoy dada la situación económica para nosotros es un servicio esencial porque es uno de los sectores más vulnerables de la población”, sumó.

“Declararlo esencial hace que el Estado esté obligado a prestar el servicio, garantizando un sistema de guardias mínimas en el caso de cualquier tipo de situación como el derecho a huelga. Entendemos que jurisdiccionalmente tenemos la facultad para poder hacerlo, y que prime este derecho que esta fundamental hoy para las salud de los niños, por sobre el reclamo”, dijo finalmente.