La evasión derivó en una investigación judicial y sumaria para determinar posibles omisiones o complicidad del personal encargado de la seguridad y custodia de los internos. La principal sospecha recae sobre el turno en el que se produjo la fuga, el sábado a las 16 horas, cuando las cámaras de seguridad externas registraron el escape. Sin embargo, el monitoreo interno no detectó la situación en tiempo real.
Uno de los elementos clave de la investigación es que, el día previo a la fuga, una cámara de seguridad que apuntaba a la puerta de emergencia fue manipulada por uno de los internos. Si bien este movimiento quedó registrado en las grabaciones, nadie advirtió la alteración ni corrigió la orientación del dispositivo en los días posteriores.
Además, se detectaron irregularidades en los controles internos: en el recuento nocturno del sábado, los reclusos dejaron bultos simulando estar en sus camas, pero la ausencia de ambos pasó desapercibida. A esto se suma que en la cena de ese día y el desayuno del domingo, sus bandejas de comida no fueron tocadas, sin que nadie registrara la anomalía.
Ante estos hechos, la jefatura del Servicio Penitenciario resolvió el pase a disponibilidad de dos oficiales y dos encargados de la guardia mientras avanza el sumario administrativo. En el ámbito judicial, el Juzgado de Instrucción N°3 ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los cuatro efectivos para determinar si hubo un plan premeditado o complicidad en la fuga.
Por su parte, Acosta y Vera fueron trasladados a la Unidad de Detención N°1 de Río Grande como medida disciplinaria. Además, en las próximas horas se dispondría el traslado de al menos una docena de internos al nuevo anexo en Río Grande para descomprimir la alcaldía de Ushuaia.
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