La Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), fundada por Dino Bellorio Clabot, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano y liderada por el profesor de dicha facultad, Miguel Ángel Asturias, propone incorporar el delito de ecocidio al Código Penal de la Nación.

La propuesta consiste en reprimir con prisión de 3 años y 6 meses a 10 años a quien cometa cualquier acto ilícito o arbitrario que pueda causar daño grave, extenso o duradero al ambiente y de 8 a 20 años si dicho daño efectivamente tiene lugar.

Además, agrava dichas penas si interviene en la ejecución del delito un funcionario público, si el delito se comete en una reserva natural, si resulta en la muerte o lesiones graves de personas o afecta bienes de organizaciones públicas o privadas, entre otras consideraciones.

Finalmente, según la propuesta, si en el delito interviene, o se beneficia, una persona jurídica, se impondrán multas de dos a diez veces el valor del posible daño junto con la obligación de restablecer la afectación del ambiente, la suspensión total o parcial de actividades, la cancelación de la personería y la suspensión de los beneficios estatales que tuviera.

"Si bien la incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, resulta la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta", explicó el profesor Miguel Ángel Asturias, impulsor de la iniciativa.

Tendencia mundial

Esta propuesta va en línea con medidas que ya fueron tomadas en varios países del mundo. Así son los casos de Bielorrusia, Francia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Vietnam.

De hecho, recientemente el Parlamento Europeo resaltó la necesidad de legislar el ecocidio en las normas internas. Y, en ese marco, países como Bélgica y España ya se encuentran trabajando en ello.

Incluso en nuestra región, algunos estados mexicanos como Jalisco ya sumaron esta figura a su legislación. Y existen varias propuestas al respecto en Brasil, Chile y Ecuador.