El presidente Javier Milei anunció que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, argumentando que su implementación afectaría gravemente las finanzas del país. La ley fue sancionada por el Senado con el apoyo de la Unión por la Patria, la UCR y el PRO, pero desde el Gobierno la consideran perjudicial para la economía nacional.

En un comunicado emitido desde la Oficina del Presidente, criticó duramente al Congreso, acusándolo de aprobar una ley "irresponsable, ilegal e inconstitucional", cuyo único objetivo sería "destruir el programa económico del Gobierno". Según Milei, la ley generaría un gasto adicional que obligaría al Estado a endeudarse.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresa.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.

Frente a esto, señalaron que “Esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.

“Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicaron al referir al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.

El comunicado continúa con las críticas al proyecto al tildarlo de ser una “estafa moral", “Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”, confirmaron.

Milei, quien ya había advertido en más de una ocasión sobre su intención de vetar la ley, se refirió a los legisladores que la impulsaron como "degenerados fiscales", acusándolos de poner en riesgo el superávit fiscal. Durante la sesión en el Senado, la senadora Juliana Di Tullio respondió directamente a las críticas del Presidente, afirmando que "lo que va a vetar el Presidente son 66 mil pesos para cada jubilado y jubilada" y calificándolo como "irresponsable y degenerado social".

Poco después del comunicado presidencial, varios ministros del Gobierno, incluyendo la canciller Diana Mondino, defendieron la postura del Presidente, reiterando la importancia del equilibrio fiscal y compartiendo publicaciones en apoyo a la decisión.