“No voy a entregar el déficit cero”. El presidente Javier Milei tuvo que salir, en distintas ocasiones a lo largo de la semana a defender que el ajuste fiscal será innegociable, aun cuando necesite vetar proyectos que apruebe el Congreso y que impliquen presión sobre superávit acumulado hasta mayo.

Dudas de ese tipo alimentaron la tensión en los mercados en la última semana, y en los próximos días el estado de las finanzas públicas estará en el centro de la escena: se conocerá el resultado de mayo y para junio, ya anticipó el Poder Ejecutivo, terminará con déficit primario por el pago del medio aguinaldo.

Así como en diciembre 2023, al cambiar el gobierno, el oficialismo esgrimió como un mantra el lema de “No hay plata”, el tamaño del ajuste fiscal de los primeros meses del año hace preguntar ahora qué hará el Gobierno con todo el superávit que acumuló, incluso por encima de lo que pretendía el Fondo Monetario Internacional y por encima de lo que necesitaría para estar en línea con el equilibrio fiscal.

Puesto en números: hasta abril -los datos de mayo se conocerán en los próximos días- el superávit primario superaba los $4,1 billones. Al sumar a la cuenta el pago de intereses de deuda, el superávit financiero quedó en 1,1 billones de pesos. Dicho de otra forma: si el Gobierno hubiese gastado $1,1 billones más de lo que lo hizo en ese primer cuatrimestre, aún así hubiese podido mostrar equilibrio en las cuentas públicas. Tan sobrado está el Ministerio de Economía que ya en abril tenía un superávit 2,2 billones de pesos más alto de lo que estaba previsto con el FMI para fines de este mes.

Ese colchón fiscal que consiguió el Ejecutivo luego de haber cristalizado un fortísimo ajuste fiscal -que estuvo sostenido, en 50%, por licuación de jubilaciones, y recortes en inversión real directa, según datos de Iaraf- hizo surgir la pregunta sobre si el Gobierno buscará empezar a soltarle la rienda a algunas partidas presupuestarias.

¿Hay plata? Por lo pronto, el ministro de Economía Luis Caputo anticipó que el margen fiscal podría absorber un gasto mayor en subsidios energéticos, para así evitar subas en todos los componentes de las tarifas de luz y gas. Algunos aumentos y quita de subvenciones fueron anunciados, de todas formas, por la Secretaría de Energía.

Para otras áreas hay menos pistas sobre si el Poder Ejecutivo abrirá algo más la canilla de fondeo. Para la obra pública, por caso, la Casa Rosada ya comenzó a negociar con algunas provincias (Neuquén, Chubut, Tucumán, Entre Ríos, entre otras) el traspaso del financiamiento de obras que tenían contratos de Nación hacia las gobernaciones.

El gasto previsional, por su parte, ya tuvo en el primer trimestre el recorte más fuerte, y desde ahora por la aplicación de los reajustes mensuales por inflación de dos meses antes esa partida presupuestaria ya no podrá ser licuada, excepto se revierta el proceso de desaceleración del ritmo de aumento del nivel general de los precios.

Un informe de Analytica, al que Infobae accedió de manera exclusiva, anticipó cuál fue el ritmo de recorte del gasto público en mayo. “El gasto primario real devengado tuvo una caída del 28,3% interanual. Considerando los primeros cinco meses, la contracción en términos reales fue del 31,5% comparado con igual período del año pasado”, mencionó la consultora.

“Entre las partidas devengadas con mayores ajustes reales respecto a mayo 2023 figuran la obra pública (menos 81,9%), las transferencias a provincias (81%), y el gasto en bienes y servicios (56,4%)”, observó.

La caída de 28,3% interanual de mayo es mayor a la de abril, que sigue siendo la más “leve” del 2024 (22%), pero por debajo de los picos de 39% en marzo y 35% en abril.

En ese contexto es que cobra más relevancia, según las consultas de Infobae en despachos oficiales, que el tratamiento parlamentario del paquete fiscal que acompaña a la Ley Bases asista al Gobierno con un refuerzo de recaudación tributaria por varias vías. En ese sentido, solo los cambios en Ganancias y monotributo, junto con anticipos de pagos de Bienes Personales de los próximos cinco años, le otorgarían al Poder Ejecutivo una recaudación extra cercana a $2 billones. El blanqueo aportaría otra suma que elevaría el aporte del paquete fiscal al plan de ajuste fiscal a un equivalente a 1% del PBI.

Ese aporte que podría hacer el paquete fiscal convivirá con presiones al gasto más altas. “En materia fiscal, si se quiere bajar el riesgo país de modo sostenido, habida cuenta los vencimientos abultados de deuda de 2025 y la necesidad de manejo de pasivos del Tesoro, el esfuerzo fiscal debe migrar desde lo transitorio a lo perdurable. Aún más, hacia delante éste será más exigente para poder cumplir con la meta de déficit cero, dado que los segundos semestres suelen ser más abultados en términos de gastos”, estimó un informe de Fundación Capital.

“Esto incluso considerando la aprobación del paquete fiscal”, matizó. “El ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos porcentuales del PBI y, con supuestos optimistas, el paquete fiscal aportaría 0,65% PBI, todo esto frente a 4,6% de PBI de reducción del déficit necesario para alcanzar la meta anual. Si bien consideramos que se cumplirá con los objetivos fiscales, el ajuste resultante puede continuar afectando la actividad económica y deteriorar el stock de infraestructura”, alertó la consultora fundada por Martín Redrado.

También habrá, en la lectura del mercado, una correlación entre el desempeño fiscal y la potencia con la que puede rebotar la economía. Así lo analizó IAE Business School en su último informe.

“Dado que se proyecta una dinámica en la actividad económica, al menos para el resto del semestre, es apremiante la necesidad de que la actividad económica se reactive en aras de sustentar el superávit fiscal y de evitar mayor profundización del ajuste del gasto. En efecto, una mayor profundidad de ajuste podría transformarse en una inconsistencia para el objetivo de reanudar el crecimiento económico luego de doce años de contracción neta del PBI”, apuntó el IAE.

“La persistencia de la austeridad fiscal impone un sesgo contractivo y potencial deterioro en el desempeño de las cuentas fiscales por caída real de los ingresos del sector, es decir, el límite de la licuación. Consecuentemente, el potencial desequilibrio fiscal, al no contar con financiamiento, puede redundar en mayor ajuste y/o impida la relajación de la presión tributaria. La consolidación del superávit fiscal y la estabilización de la macroeconomía debe derivarse necesariamente de la reactivación económica. Contrariamente, el retroceso de los ingresos fiscales derivará en un potencial déficit, agotamiento social del ajuste, aumento de incertidumbre y reinicio de las tensiones cambiarias”, concluyó el análisis de marras.

Consultatio Financial Services trazó también un panorama sobre los próximos meses en la hoja de ruta fiscal. “Aunque se mantuvo el superávit, se observan síntomas de fatiga frente a un resultado mucho más acotado que en los primeros tres meses del año y existe incertidumbre respecto a cómo continuará la situación”, mencionó en un reporte a clientes. “La indexación del gasto previsional, la regularización de pagos al sistema energético y la postergación de los ajustes tarifarios son factores conocidos que pondrán presión sobre los resultados en adelante.