El día después de que el gobierno nacional lograra blindar el veto al aumento de los jubilados, el Congreso redobló la apuesta y le dio impulso a otra iniciativa opositora: la Ley de Financiamiento Universitario que terminó aprobada por una contundente mayoría opositora. Fueron 57 votos a favor contra solo 10 en contra y una abstención.

Casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó, finalmente, una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades.

El desafío de la oposición era doble: no solo necesitaba hacerse con una mayoría para sancionar la ley de Financiamiento, sino que debía conseguir una mayoría lo suficientemente robusta que permitiera blindar la ley de un futuro veto presidencial. Lo consiguió con creces, ya que los votos positivos casi sextuplicaron a los negativos.

La ley no solo incrementa el presupuesto, sino que incluye una recomposición para los docentes y no docentes. Esto generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El texto sancionado establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.

Además, el Senado también rechazó esta madrugada el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que otorgó $100.000 millones para la flamante Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Es la primera vez que el Congreso desactiva una norma de este tipo, desde la ley de 2006 que regula el tratamiento de estas decisiones. Al momento de la definición, obtuvo 49 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones.

A pesar de este segundo golpe, el Gobierno tuvo un triunfo pírrico con el avance de la Boleta Única de Papel (BUP) que sufrió cambios en el camino y volverá a Diputados para su sanción con la intención de ponerla en práctica en las elecciones legislativas 2025.

Se trata de una iniciativa que había sido impulsada por la oposición durante el gobierno de Alberto Fernández y que, sin embargo, el gobierno había terminado por hacer propia. Hundidas las posibilidades de eliminar las PASO, la aprobación de la BUP era la única reforma electoral que podía aprobar antes de las legislativas de 2025. Y lo consiguió con 39 votos a favor y 30 en contra: todos los bloques acompañaron la iniciativa, excepto UxP.