A través de la columna de opinión titulada, “El Gobierno no hará más concesiones”, el régimen de promoción en Tierra del Fuego fue el blanco de un nuevo ataque mediático en el medio del dictamen compartido por la Coalición Cívica el pasado miércoles, en donde sugieren la supresión o modificación de regímenes de promoción o exenciones tributarias y la limitación a los beneficios fiscales del Régimen de Tierra del Fuego.

“El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, intocado hasta ahora, se erige así las cosas como un elefante en un páramo. Según un estudio de la Fundación Fundar, ese régimen significó pérdidas para el Estado federal por valor de 2382 millones de dólares solo en el año 2023. ¿Por qué les aumentaban los impuestos a la clase media y a los productores agropecuarios si no hacían nada con el régimen especial de Tierra del Fuego que protege solo a dos o tres empresarios? ¿Por qué ese régimen impide la sana competencia con similares productos tecnológicos?”, cuestiona en el texto el periodista.

Además, dentro del texto, el periodista recordó los anuncios relacionados a la política de ajuste del gobierno de Milei y criticó que no hayan alcanzado a la provincia, “En todos los rubros de la economía, menos, hasta ahora, en los sectores que antagonizan con los productos protegidos de Tierra del Fuego. El dictamen de los diputados de Carrió resalta la necesidad de crear cuanto antes una Autoridad Nacional de la Competencia con capacidad para intervenir y, por ejemplo, frenar la cartelización”.

“Peor que el privilegio es el silencio. Ni una sola voz oficial dijo nada sobre ese régimen de Tierra del Fuego que tiene vigencia hasta el año 2038, prorrogable por quince años más, según un decreto de 2021 de Alberto Fernández. ¿Derechos adquiridos? Si esa fuese la razón, Milei deberá resignarse a no hacer ningún cambio porque todos los sectores económicos y sociales podrían escudarse en el principio jurídico de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son aquellos que existen de hecho o de derecho por la práctica reiterada en el tiempo”, agregó Morales Solá.

Por otra parte, la abogada y politóloga Camila Dolabjián señaló el cambio perspectiva de Javier Milei sobre el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que sorprendió por su ausencia de mención en el proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados : “En momentos en los que el Gobierno empuja por cerrar el rojo fiscal, llamó la atención de algunos legisladores, no avancen con la quita de subsidios económicos y beneficios tributarios a la industria fueguina. El perdón en impuestos a la provincia le provocará un sacrificio cercano a 0,33% del PBI al Estado Nacional, según las estimaciones del Ministerio de Economía”, criticó Dolabjián.

Al igual que Morales Solá, la politóloga enfatizó en las promesas de campaña del actual presidente Milei e indicó, “Fuentes de Gobierno y del Congreso mencionan que el lobby de las empresas fueguinas ha sido muy fuerte y han pedido que los funcionarios visiten la provincia antes de tomar decisiones, a la vez de estar incluidos en cualquier mesa de debate sobre el tema. En conversación con LA NACION, los representantes de empresas que prefirieron el anonimato dijeron que no tuvieron conversaciones con funcionarios por el tema en el último tiempo”.

En esa línea, apuntó contra el proyecto de un puerto industrial por parte de Mirgor: “Un proyecto de especial interés que se vincula con uno de los motivos que elevó las suspicacias. La mayor parte de la industria electrónica de la provincia está concentrada por el grupo Mirgor, de participación mayoritaria de Nicolás Caputo, primo de Luis Caputo, ministro de Economía. Actualmente, tiene el 12,5% de las acciones, mientras que 30% cotizan en bolsa, 20% son de la ANSES y el resto, de otros inversores. No es solamente el interés económico el que despertó sospechas, sino también un ambicioso proyecto en Río Grande que el gigante de la electrónica ya tiene en marcha y planea comenzar a construir en cinco meses”.

Además, sostuvo que fuentes oficiales aseguraron que está en estudio y que no es un régimen fácil de desarmar, “Debido al impacto que tiene en la población. En ese sentido, Dolabjián realizó una ejemplificación y dijo “Los fueguinos no pagan IVA y se jubilan a los 50 años”.

“Igualmente, hay una quita más cerca de concretarse: el rubro textil que opera en Tierra del Fuego sería el primero en salir del régimen de subsidios. Actualmente hay ocho empresas textiles en la provincia: Australtex SA, Barpla SA, Cordonsed SA, Fabrisur SA, Hilandería Fueguina SAIC, Hilandería Rio Grande, Teogrande SA y Textil Rio Grande”, adelantó la politóloga.

Por último, aseguró que la postura actual del Gobierno Nacional es que “El problema no es la baja tributación de la provincia, sino la alta tributación de otras”, y cerró “El equipo libertario se referiría al puerto de Mirgor como un ejemplo de la obra pública privatizada que quieren impulsar”.