Por Verónica Benaim, corresponsal en Buenos Aires

El martes por la tarde ingresó en la Cámara Baja el proyecto de ley que modifica la norma de Solidaridad Social y Reactivación Productiva votada por el parlamento en diciembre pasado, para ampliar el régimen de moratoria para paliar la crisis económica en el marco de la pandemia. El oficialismo buscará poder aprobarla en una de las dos sesiones previstas para el mes de julio y por ahora cuenta con el visto bueno de los bloques de la oposición.

La iniciativa que fue presentada a través de un mensaje grabado por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont, tiene el objetivo de ofrecer alivio financiero a las familias, comercios, pymes y empresas ampliando el universo de contribuyentes que puedan adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas para ofrecer alivio, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder mediante la ley vigente.

Entra las principales características del proyecto está la que permite incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y toda persona podrá adherirse hasta el 31 de octubre del año en curso, teniendo en cuenta que la primera cuota vence el 16 de noviembre.

Asimismo, contempla que dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que se adhieran podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. Los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social. Habrá un articulado acerca de la condonación parcial de intereses y total de multas.

Por otro lado, fija una tasa de interés del 2% mensual hasta enero de 2021 y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos. También permite utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley y no puedan utilizarse saldos técnicos para compensar).

Finalmente, establece condiciones para las empresas de mayor tamaño. Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas.

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