Es decir, es el sistema por el cual las provincias delegan en la Nación la potestad de la distribución del producto de los impuestos nacionales, tales como IVA, Ganancias, Combustibles, etcétera.

La Ley de Coparticipación Federal fue sancionada en 1988 y establece, en su artículo 7, que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central”.

En la controversia actual, el Máximo Tribunal ordenó restituir el porcentaje sacado a la Ciudad, y trasladado a la provincia de Buenos Aires, que se leyó como una decisión política, ya que le sacaba fondos a un distrito gestionado por Juntos por el Cambio, para dárselos a uno del Frente de Todos.

Incluso, el gobernador de El Chaco, Jorge Capitanich, pidió al presidente Alberto Fernández desoír a la Corte, bajo el argumento que dichos porcentajes son potestad de una negociación entre Nación y provincias, que no tiene injerencia judicial.

El presidente Alberto Fernández, por su parte, al anunciar el traslado de ese porcentaje, que rompió su relación con el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, argumentó que se trataba de un porcentaje similar al quitado por su antecesor, Mauricio Macri, a la Provincia en beneficio de la Ciudad, en oportunidad del traspaso de la fuerza policial.