El juez federal Daniel Rafecas citó a declaración testimonial en la causa por el Gasoducto Néstor Kirchner al ex ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y al extitular de la Unidad Ejecutora de la megaobra, Antonio Pronsato.

Según revelaron fuentes judicales, Kulfas fue requerido como testigo para el próximo este viernes a las 10, mientras que el exfuncionario del área de energía Pronsato fue citado para el lunes 13 a las 12.

Asimismo, el juez Rafecas llamó para el martes próximo a las 10 a una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que expliquen al magistrado los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Al mismo tiempo, el juez dispuso una nueva orden de presentación en la firma IEASA (ahora Energía Argentina) para obtener este mismo martes documentación complementaria, relacionada con una segunda licitación relativa a la compra de caños de tuberías, y vinculada con la investigación.

Rafecas solicitó y obtuvo este lunes copias digitales de toda la documentación oficial vinculada con la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner, luego de recibir varias denuncias que solicitan investigar supuestas irregularidades en el proceso abierto para definir qué empresas se harán cargo de esa obra. La información fue obtenida mediante órdenes de presentación libradas por el magistrado a instancias del fiscal Carlos Stornelli.

Las órdenes de presentación fueron dirigidas a la empresa estatal Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima), a la que también se conoce como Energía Argentina; lo mismo hizo con el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y la secretaría de Energía de la Nación.

"Se obtuvieron copias digitales de la información vinculada a la licitación que está en una etapa iniciática. Todo quedó bajo estudio", informaron el lunes por la noche fuentes del caso.

¿Cuántas denuncias se presentaron y quiénes lo hicieron?

En manos del juez Rafecas, titular del Juzgado Federal Nº 3, quedó radicada la primera denuncia presentada por un abogado y relacionada con el supuesto direccionamiento de la licitación para la construcción del gasoducto.

Se trata de la denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la función pública que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, conocido en los tribunales de Retiro por haber impulsado múltiples demandas contra funcionarios del kirchnerismo y quien en 2015 -tras denunciar a Axel Kicillof- reconoció en un diálogo radial tener vinculaciones con el PRO.

Esa denuncia, como la segunda que presentaron los diputados de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Waldo Wolff en Comodoro Py, está inspirada en el la "información en off" que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo "una nota carente de conocimiento técnico" y negó que se haya armado "un pliego de licitación a la medida de Techint", por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm. En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados "alcances técnicos" para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.

Además, informó que para la adquisición de válvulas "el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados", con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

La tercera denuncia la presentaron los ultraliberales Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, con el patrocinio de Francisco Oneto. Con esta acción, se solicita que se investigue si hubo delito, por entender que se trata de una presunta “administración fraudulenta agravada”.

Tras la difusión de los mensajes del exministro de Producción, los denunciantes consideraron que el caso implica que “los intereses confiados en los que ejercen la administración de la compañía IEASA, se habrían visto perjudicados, pues evidentemente o se estarían llevando a cabo las obras con tecnología de menor calidad de la disponible, o a un costo más alto del posible”, explicaron.

Por las tres denuncias, los legisladores de la oposición presentarán un Proyecto de Comunicación para que el Gobierno brinde explicaciones sobre el proceso licitatorio del Gasoducto Néstor Kirchner.