Según relataron los damnificados, Fariello dejó de atender sin previo aviso en noviembre del año pasado, y desde entonces dejó de responder los mensajes. Algunas personas señalaron que llegó a excusarse diciendo que no encontraba consultorio para alquilar, pero nunca volvió a retomar las consultas. Los tratamientos tenían un costo estimado de dos millones de pesos por paciente.

Con el paso de los meses, las personas afectadas comenzaron a comunicarse entre sí y se organizaron en un grupo de WhatsApp. Allí confirmaron que habían atravesado situaciones similares: aparatos colocados sin controles, tratamientos suspendidos sin explicaciones y complicaciones en la salud bucal. Incluso se reportaron casos de pérdida de piezas dentales, lo que evidencia posibles episodios de mala praxis.

La situación se agravó cuando una profesional de la ciudad alertó que Fariello no contaría con la especialidad en ortodoncia y que habría realizado apenas un curso breve antes de comenzar a atender como si fuera especialista. También trascendió que trabajaba con una secretaria, allegada suya, quien también desapareció tras el cierre del consultorio. Ambos se responsabilizan mutuamente por lo sucedido, según contaron las víctimas.

Ante la falta de respuestas y la imposibilidad de obtener asesoramiento legal adecuado, los damnificados evalúan presentar una denuncia colectiva. Su objetivo es visibilizar el caso y evitar que más personas caigan en la misma trampa.