A raíz de la investigación que se está llevando a cabo a una abogada riograndense por presunta estafa a un cliente, se realizó una pericia de su teléfono celular en el cual se hallaron conversaciones vía chat con el juez de instrucción 2, el Dr. Raúl Sahade. La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones solicitó investigar los mismos.

La abogada María Angélica Naveas fue denunciada el año pasado, por un ex cliente, Pablo Hernández, quien protagonizó un accidente fatal y se le inicio un juicio por homicidio culposo. El sujeto contrató como abogada a esta profesional y a finales del año pasado denunció que le había ‘sacado’ alrededor de 4 millones de pesos entre gastos de representación y sobornos para funcionarios judiciales. Todo ello registrado en el historial de WhatsApp donde le refería los requerimientos de distintos cobros para efectuar los pagos.

En el marco de la investigación que se inició puesto que la mujer habría incurrido en el delito de estafa para sustraerle esa cantidad de dinero por presuntas coimas que pagaba en la justicia, su estudio jurídico fue allanado y le secuestraron su teléfono celular. Tras haber sido peritado se dio cuenta de un chat que mantuvo con el Dr. Raúl Sahade con un grado de confianza en la cual la abogada le hace una especie de reclamos al juez por distintas causas que no tienen avance. Asimismo, le recrimina que no la recibe en su despacho.

La situación fue evaluada por el Fiscal Mayor Guillermo Quadrini, quien entendió que no existía delito en aquellas conversaciones. Del mismo modo lo entendió el juez de instrucción, Daniel Cesari Hernández, quien lleva la causa.

La defensa de la Dra. Naveas planteó la nulidad de todo lo actuado (el allanamiento y las pruebas obtenidas), ante lo cual la causa fue llevada ante la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones para ser revisada.

La Cámara de Apelaciones le solicitó al juez de instrucción y al fiscal de la causa que revisen la situación debido a que cabe la posibilidad de un delito. Se ordenó enviarlas al Superior Tribunal de Justicia para analizar la conducta ética del magistrado.