En un nuevo requerimiento, el Ministerio Público Fiscal Federal de Río Grande, imputó a personal jerárquico de las Fuerzas Armadas, por imposición de tormentos, a los que describió; como “estaqueamientos” cometidos contra tres soldados que fueron además obligados a aceptar “pactos de silencio” por escrito, que debieron firmar a su regreso al continente, para no revelar lo que habían padecido en las islas.

Los acusados, entre los que se encuentran Diego Soria, Ricardo Cordón, Clemente Pécora, Jorge Echeverría, Jorge Chaud, Carlos López Paterson, Jorge Farinella, Alejandro Moughty, Orlando González y Rafael Barrientos, ostentaban roles jerárquicos en la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4, así como las planas mayores de ambas reparticiones. También se desempeñaron como jefes de Secciones o subalternos, acusados por imposición de tormentos en perjuicio de tres víctimas.

Rapoport sostuvo que los hechos delictivos “no fueron acontecimientos aislados e inconexos, ni respondieron a móviles personales de sus ejecutores”. Agregó que “las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de ‘controlar’ los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo” y remarcó que “la falta deliberada de alimentos por la no distribución de los mismos fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.

“Ello demuestra que cada uno de los hechos delictivos que integran esta presentación no sólo contó con ejecutores directos, sino también con personas que ordenaron la comisión de esos crímenes y generaron las condiciones para su ocurrencia”, sostuvo el fiscal.

Según consta en las distintas presentaciones de la fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas ordenaron y ejecutaron durante la guerra diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos, como los “estaqueamientos”, que consistieron en atar desde sus extremidades a las víctimas, y “enterramientos”, con la tierra al cuello, y la inmersión en aguas heladas, a lo que se sumó el ensañamiento con soldados con apellidos de origen judío.

La causa, que se inició en 2006, no tiene avances desde mayo del 2021, después de un pronunciamiento dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que, ante un recurso de casación interpuesto por una de las defensas, determinó por mayoría que otros hechos similares a los impulsados ahora no eran delitos de lesa humanidad y que, por ende, se encuentran prescriptos. Ese fallo fue recurrido por el MPF y por los querellantes ante la Corte Suprema, por lo que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto –que había calificado los delitos como de lesa humanidad-, optó por aguardar ese pronunciamiento para continuar con el desarrollo de la investigación.

Los hechos

La reciente presentación del fiscal Rapoport se centra en dos incidentes ocurridos en Monte Kent y Monte Dos Hermanas, en la Isla Soledad, cerca de Puerto Argentino, durante el conflicto de Malvinas.

De acuerdo con el requerimiento, el primer hecho se registró a fines de mayo de 1982, cuando uno de los soldados debía realizar un cambio de guardia con su compañero, quien se quedó dormido como consecuencia de la falta de alimentación y la falta de sueño debido a los constantes bombardeos nocturnos. Como reprimenda, dos cabos los castigaron a ambos estaquéandolos: fueron atados por la espalda, uno con otro, con sus piernas y brazos extendidos, parados, y mantenidos en esa posición durante toda una noche.

Las dos víctimas cayeron prisioneros de guerra de los ingleses entre el 10 y el 12 de junio, y viajaron de vuelta al continente en el Buque Canberra. Arribaron a Puerto Madryn y de allí fueron enviados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde estuvieron 4 o 5 días “engordando”. La fiscalía describió que allí los hicieron firmar unos papeles y les impusieron un “pacto de silencio” respecto a lo vivido en las islas.

El otro hecho lo tuvo como víctima a un soldado, que en su testimonio narró constantes malos tratos y discriminación por su condición de indígena. Explicó que a fines de mayo de 1982 fue castigado sin razón aparente y fue estaqueado: lo ataron de pies y manos sobre una roca, con la ropa puesta pero desabrochada la chaqueta. En su testimonio no recordó cuánto tiempo se extendió esa situación, pero calculó que fueron alrededor de cinco horas, en las que nevó y lloviznó. Y recordó que, cuando lo desataron, regresó a su carpa con dificultas para moverse por el frío.El joven tuvo el mismo derrotero de regreso al país que las otras dos víctimas. En la guarnición de Campo De Mayo también debió firmar unos papeles “para no hablar” respecto a lo ocurrido en las islas.