El Gobierno de Chile militarizará una zona del sur del país tras fracasar en las negociaciones con la comunidad mapuche que buscaban implementar un proyecto de “estado intermedio” que proponía que los militares actúen solo en el resguardo de las rutas.

La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Izkia Siches, anunció este lunes a la noche que aplicarán Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Arauco, Bío Bío, y en la Región de la Araucanía.

La medida permite que las Fuerzas Armadas colaboren con la seguridad pública y en este caso sería acotado a rutas y caminos, lo que cumpliría con el acuerdo alcanzado hace una semana entre el Gobierno y representantes de camioneros y transportistas.

La decisión puede durar 15 días desde que se decreta, prorrogable por 15 más si el presidente Gabriel Boric lo considera necesario, y en caso de que se quiera volver a extender necesitará el apoyo del Congreso.

Siches expresó que como Gobierno reconocen que están ante un problema muy complejo “y que no se solucionará de la noche a la mañana. También sabemos que debemos actuar de forma coordinada como sociedad”.

“Queremos enfatizar que nuestro Gobierno está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas con los que tenemos una deuda centenaria, entre el Estado de Chile y, particularmente, el pueblo mapuche”.

La ministra también explicó que aplicarán la medida por lo evidente que ha sido el aumento de los actos de violencia en las rutas y de los “cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”.

Boric y su gabinete comunicaron antes y después de asumir en el Gobierno que desecharían el Estado de Excepción en la macrozona sur porque esta no era la medida correcta, pero este anuncio da un giro al discurso del Gobierno, ya que implica que vuelve la militarización en la zona, pese a que han comunicado que continuarán con su política del diálogo.

El plan se difunde un día después de que la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, anunciara que el Gobierno presentará una demanda contra el líder mapuche que llamó al levantamiento armado en caso de que se aplicara el estado intermedio.

El Gobierno también comunicó una serie de medidas para la zona, entre las que se destaca el inicio de diálogos con representantes del pueblo mapuche con apoyo de Naciones Unidas, el pedido de un fiscal especial para que la zona investigue delitos como el narcotráfico y el robo de madera y la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas.

Esta medida se analiza como un fracaso del Ejecutivo, ya que tras dos semanas de negociaciones en el propio sector oficialista, no llegó a un acuerdo para impulsar el proyecto de estado intermedio que proponía, sumado a que Boric se negaba a aplicar el Estado de Excepción en la macrozona ya que en su opinión, durante la administración de Sebastián Piñera no disminuyeron los hechos de violencia.