Lima - Perú llamó a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Colombia y Bolivia ante una “intromisión en los asuntos internos” tras apoyar al destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que enfrenta un pedido de prisión por 18 meses mientras es investigado por “rebelión”.
En la tarde, la Defensoría del Pueblo de Perú actualizó a diez la cifra de muertos, sumando dos nuevos fallecidos que se produjeron en el intento de toma de un aeropuerto, en medio de protestas tras la destitución y posterior arresto del expresidente Pedro Castillo la semana pasada. La justicia definía anoche si extendía la detención del expresidente.
Los aeropuertos han sido uno de los puntos donde se han centrado las violentas protestas, que han dejado cientos de heridos entre civiles y policías. La Defensoría pidió también que las fuerzas armadas dejen de usar armas de fuego y de lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros.
Jorge Salinas, presidente de CORPAC -que gestiona los aeropuertos del país-, dijo a Panamericana Televisión que por medidas de seguridad permanecían suspendidos los terminales aéreos de Arequipa, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Ayacucho.
Respecto a la llamada a consulta a los embajadores, la canciller peruana Ana Cecilia Gervasi dijo en un mensaje por Twitter que esta decisión fue tomada con la presidenta Dina Boluarte “en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú”. El grupo de gobiernos izquierdistas latinoamericanos dijo esta semana en un comunicado conjunto que Castillo había sido víctima de “hostigamiento” político desde asumió el poder el año pasado y exhortó a Perú a “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
A diferencia de los gobiernos de izquierda que apoyan a Castillo, el Gobierno de Chile del mandatario Gabriel Boric ha reconocido a Boluarte, según dijo la canciller Gervasi por Twitter el miércoles tras una comunicación con su par chilena. Gervasi manifestó que ha recibido también el respaldo de Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Canadá, Brasil y Estados Unidos.
Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en Perú en la década del 80 y 90. Los llaman “terroristas”. “Desde día uno que (Castillo) asumió la presidencia y es más, en la campaña (presidencial), nosotros ya éramos terroristas, éramos ‘terrucos’. No lo dejaron gobernar, éramos ladrones, éramos corruptos”, recordó Vilma Vásquez, sobrina del expresidente, en las afueras de la prisión. “Nos vamos a quedar hasta que salga, dijo Vásquez.
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