La situación llegó a conocimiento de los directivos el lunes 9 de junio, pero, según relataron los presentes en la reunión, no fue comunicada con la urgencia necesaria. Recién tras la viralización del mensaje y la intervención del Ministerio de Educación y la policía provincial, el miércoles 11, se produjo una reacción concreta.

“Nos enteramos anoche por medio de los medios. Desde la escuela no salió ningún comunicado”, señaló una madre que participó del encuentro. Afirmó, además, que la convocatoria para la reunión fue difundida informalmente por WhatsApp y que la asistencia de familias fue escasa. “Tengo una nena con ataques de pánico y mañana no quiere venir”, agregó con preocupación otra madre, al describir el impacto que tuvo la amenaza en su hogar.

Docentes de la institución también expresaron malestar por la falta de información oficial. “Nos enteramos solamente por los medios porque se compartió una noticia por WhatsApp. No se comunicó de parte de la escuela, no hubo una acción ni de comunicación concreta”, remarcaron. Cuestionaron además que se haya abordado el caso únicamente con las familias directamente involucradas. “Los docentes somos nadie acá. No tenemos la voz que deberíamos tener, siendo quienes estamos todos los días en el aula”, expresaron.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Norte inició una investigación formal a raíz de la denuncia presentada por la directora del colegio, luego de que se difundiera en un grupo de WhatsApp un audio en el que una persona insinuaba que iba a haber un tiroteo. El fiscal Jorge López Oribe solicitó al juzgado de turno que se adopten medidas para avanzar con la causa.

Los padres de los alumnos mencionados en el grupo y las autoridades escolares serán convocados a declarar. Además, se pidió la intervención de organismos del Gobierno provincial y del Municipio. Por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, también tomó intervención el Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo de la jueza Marina Montero.

Desde el cuerpo docente se manifestó la necesidad de un abordaje integral, que no minimice lo ocurrido y que promueva una unidad institucional. “Queremos trabajar juntos, no que nos separen. No tenemos una unidad institucional, eso es lo que nos falta”, concluyeron.