Una denuncia del presidente Guillermo Lasso contra el titular del movimiento indígena, Leónidas Iza, a quien acusa de buscar su derrocamiento; la nula chance de un diálogo entre las partes, nuevos choques entre manifestantes y la Policía en Quito y un pedido de la bancada correísta para destituir al mandatario agravaron ayer el cuadro de situación en Ecuador, en el día 12 de protestas y bloqueos de ruta.

Apenas horas después de que la bancada de la Unión Nacional de la Esperanza (Unes), que responde al expresidente Rafael Correa, presentara con 47 firmas un pedido de sesión para destituir a Lasso, el mandatario habló por cadena nacional y acusó a Iza de promover su derrocamiento.

De fondo, aunque oficialmente el Gobierno reconoce cuatro muertos en el marco de las manifestaciones y protestas, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos sube esa cifra a 6.

Y mientras el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, acusó al movimiento indígena de no querer dialogar y provocar “solo violencia”, su par de Interior, Ramiro Carrillo, anunció que el Ejecutivo analiza la posibilidad de incrementar el nivel de respuesta de la fuerza pública ante los manifestantes.

“Hasta ahora la Policía y los militares han intentado contener las protestas. Pero nos vamos a ver en la obligación y estamos evaluando la necesidad de dar el siguiente paso: tenemos que reprimir, con uso progresivo de fuerza“, advirtió Carrillo.

Horas después, Lasso usó la cadena nacional para acusar a Iza, titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de buscar su salida del Gobierno y confirmó que habría un uso progresivo de la fuerza. “Puede ser hoy mismo”, alertó.

“La intención real del señor Iza es el derrocamiento del Gobierno. Esto lo deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas; lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido. Iza ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos”, remarcó Lasso frente a las cámaras.

Insistió en que era “irresponsable llamar a una manifestación sin diálogo, pues se infiltrarían vándalos que buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror”, frente a lo cual su administración usará “todos los recursos que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales”.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, avisó, “actuarán con los medios necesarios” para defender, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia.

Y pidió a las comunidades indígenas “que han sido traídas a Quito con engaños” que “por su seguridad y de sus familias” regresen a sus lugares.

El presidente ratificó su “compromiso de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas” y volvió a la idea central de su discurso: “La intención de los violentos es provocar un golpe de Estado; por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional, para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en Ecuador”.

El ministro Jiménez había marcado temprano la tónica del Gobierno, al quejarse de que el movimiento indígena “no quiere dialogar".

"Se han desenmascarado ellos solos. No quieren acordar. No quieren que el país se reactive. No quieren paz. Hasta ahora lo único que han demostrado es que quieren violencia", lamentó.

Muertes en las protestas

Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos hubo otros tres muertos el miércoles en los choques que se dieron cuando un grupo de manifestantes intentó entrar a la sede de la Asamblea Nacional y fue reprimido con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras, pero ni el Gobierno ni la Conaie dieron cuenta de nuevos fallecidos.

Tras visitar a policías heridos, el ministro Carrillo detalló cuatro muertes: uno en Azuay, por hiopotermia; uno en Guayllabamba, tras una caída en una quebrada; un joven kichwa en Puyo, por causas que se investigan y un último fallecido ayer, en Quito, por el presunto impacto de perdigones.

En esta jornada 12, a los enfrentamientos que se registraron cerca de la Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, en Quito, habituales lugares de reunión de los indígenas, se sumó la tensión frente a la gobernación de Cotopaxi, hasta donde llegaron comunidades de Salcedo, Pujilí y Saquisilí, que amenazaron con tomar el edificio, fuertemente custodiado por las fuerzas de seguridad.

Las Fuerzas Armadas informaron, además, de 17 militares gravemente heridos en el sector de Caspigasí, en el norte de Quito, por un grupo violento que interceptó y asaltó a los uniformados mientras custodiaban a una caravana que transportaba víveres y abastos.

La destitución de Lasso, en la Asamblea

En la Asamblea Nacional parece destinado a darse un debate lateral de las protestas: la bancada de Unes presentó con 47 firmas un pedido de inicio del proceso de destitución de Lasso, en una carta en la que advierte que “en estos134 meses el Gobierno no ha podido enfrentar los graves problemas que tiene el Ecuador, sino que por el contrario los ha profundizado”.

“Ha incumplido los compromisos acordados con diversos sectores con los que se ha comprometido como arroceros, bananeros, productores lácteos, así como las peticiones realizadas por el movimiento indígena y campesino, lo que provocó la convocatoria a movilizaciones en todo el territorio nacional que día a día han ido incrementando”, señaló el bloque.

Dirigieron la carta al titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, con una particularidad: todos firmaron para eventualmente adelantar las elecciones de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución. “Mi cargo a disposición de mi pueblo”, escribieron.

Este artículo señala que la AN puede destituir al Presidente por dos causales, la segunda de ellas la “grave crisis política y conmoción interna”, sin aval de la Corte Constitucional.

Tras el llamado a una sesión especial a la que debe convocarse a Lasso para que ejerza su derecho a la defensa, en tres días el cuerpo debe resolver una eventual destitución, para lo que se necesitan 91 votos.

Pero en medio de todo el proceso, Lasso también podría aplicar la llamada “muerte cruzada” que implica un llamado a elecciones pero con disolución de la misma Asamblea.