Al respecto de este tema, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) lanzó un comunicado que señala, “Le proponemos realizar un debate para abordar la educación pública como un derecho y no como un servicio”.

Cabe destacar que el dictamen de mayoría reunió iniciativas impulsadas por Alejandro Finocchiaro (Pro), Carla Carrizo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Lleva las firmas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (este último bloque en disidencia parcial).

“En un contexto donde el gobierno nacional desfinancia la educación pública -con un presidente que afirma “soy el que destruye al Estado desde adentro- el oficialismo dictaminó la esencialidad de la educación para limitar, prohibir y restringir el derecho a la organización de la docencia, la realización de asambleas y medidas de protesta en defensa de la Educación Pública”, añade.

Asimismo los docentes sostienen que “La Educación no es servicio público esencial, según los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población. La educación es un derecho social y humano inalienable, no una mercancía”, concluye.

¿Qué implica la iniciativa?

El proyecto propone en su artículo 1 declarar “la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar”.

También propone agregar al artículo 3 de la Ley de Educación 26.206 que “la educación es una prioridad nacional, un servicio estratégico esencial” y que el mismo “se constituye en política de Estado”.

Señala que el Gobierno nacional y locales “deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente”.

Para esto, incorpora “guardias mínimas” en las escuelas con el fin de garantizar las clases ante huelgas docentes y no docentes.

Las guardias deberán ser del 30 % del equipo de dotación docente, auxiliares y directivos en el caso de huelgas de hasta dos días.

Si la huelga se extiende a tres días o más, la guardia deberá contemplar al 50 % del personal.