La central obrera solicitó que se declare la invalidez constitucional del DNU 340/2025 y reclamó una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° de la norma. Según la presentación, el decreto “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional. La reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto”.

Entre los argumentos del amparo, la CGT advirtió que el decreto presidencial “reglamenta de manera restrictiva el derecho a huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas ‘servicios esenciales’”, lo que afectaría directamente el ejercicio de medidas de fuerza.

Además, expresaron que el DNU impone niveles mínimos de prestación (del 75% al 50%) durante las huelgas que, en la práctica, “imposibilitan el ejercicio legítimo de las medidas de fuerza”.

Los líderes sindicales también sostuvieron que el decreto “viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga”.

El decreto publicado el miércoles 21 de mayo incluye dentro de los servicios esenciales al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, imponiéndoles la obligación de garantizar la prestación del 75% en caso de huelga.

Asimismo, establece la figura de actividades de “importancia trascendental”, con la obligación de garantizar un mínimo del 50% de la prestación durante las medidas de fuerza. Entre estas se incluyen sectores industriales como la alimentación, la metalurgia, la construcción, bancos, comercios, locales gastronómicos y actividades vinculadas a la exportación.

Desde la CGT advirtieron que “su limitación debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”. Además, señalaron que con esta medida buscan “evitar perjuicios irreparables al movimiento obrero y preservar el pleno ejercicio de los derechos sindicales mientras se resuelve el fondo del planteo”.

La presentación se realizó luego de una reunión entre el co-titular de la CGT, Héctor Daer, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada. El encuentro se había dado bajo la excusa de analizar cambios en las prestaciones del Hospital Naval, pero al salir, Daer anticipó que acudirían a la Justicia para frenar el DNU.