El fallo, emitido por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo de la Sala IV, desestimó los recursos presentados por la defensa de Caballero y por la Unidad de Información Financiera (UIF), al considerar que la sentencia dictada en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal N°7 “se encuentra debidamente fundada”. Durante el proceso se comprobó que, entre 2011 y 2016, Caballero incorporó al circuito formal un campo en Formosa, además de una camioneta Toyota Hilux, un Fiat Strada, un Toyota Etios, un Peugeot RCZ Tiptronic y un cuatriciclo, valuados en más de 2 millones de pesos de aquel momento, con el objetivo de dar apariencia legal a bienes de origen ilícito. El tribunal integrado por Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori también le impuso una multa equivalente al doble del monto lavado, que actualizado asciende a unos 340 millones de pesos. Según la investigación, Caballero utilizó su vínculo laboral con De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, para sostener un crecimiento patrimonial “exponencial e injustificado”. Incluso abrió en Clorinda la llamada “Agencia España” y el “Lavadero Plaza”, vinculados al Grupo Plaza de Sergio Cirigliano, aunque nunca se comprobó un funcionamiento real de esos negocios. Una pericia contable resultó clave: detectó incrementos patrimoniales no justificados por $2.005.630,99, además de movimientos de dinero en efectivo sin respaldo documental, lo que dificultó trazar el origen de los fondos. Caballero llegó a juicio en libertad y modificó sus versiones a lo largo del proceso. En la instrucción había afirmado que todos sus bienes eran fruto del trabajo y el sacrificio de su familia. Más tarde, durante el debate oral, sostuvo que su patrimonio provenía del dinero que obtuvo mientras ejerció la prostitución. La Cámara consideró que ninguna de esas justificaciones fue creíble. Finalmente, los jueces rechazaron el reclamo de la UIF, que pretendía quedarse con los bienes decomisados, y aclararon que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debe administrarlos.