A pedido de la representación empresarial, a principio de marzo el gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria para la paritaria metalúrgica y obligó al gremio a suspender los paros anunciados hasta agotarse las instancias de diálogo establecidos por ley.
La seccional de Río Grande ya había resuelto la adhesión, pero la medida del Gobierno suspendió el inicio del paro a pocas horas de su inició.
El plan de lucha fue producto de la falta de entendimiento con los empresarios.
Según se conoció, desde el sindicato pidieron un aumento salarial del 35% a partir de febrero y la incorporación de una cláusula gatillo para activar mes a mes en base a los datos del INDEC.
La propuesta de las cámaras era otorgar un anticipo del 15% a cuenta de futuros acuerdos a partir del 1 de febrero, lo cual fue rechazado.