La Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se siga investigando como acusados a dos altos funcionarios de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad por la comisión de delitos vinculados al proceso de persecución contra las empresas del Grupo Indalo que utilizaron al organismo recaudador como ariete. La Sala III del máximo tribunal penal del país revocó una decisión de la Cámara Federal que había ratificado el sobreseimiento del extitular de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Eliseo Devoto y de su segunda Marina Lamagrande y sostuvo que las pruebas obrantes en la causa dejan dudas sobre su accionar que, entre otras cuestiones, incluye haber impedido específicamente que las empresas del holding pudiesen adherir a una reglamentación general para todos los contribuyentes del país, algo que está expresamente prohibido por la ley.
Los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky concluyeron en “dejar sin efecto” la resolución de la Sala II de la Cámara Federal con lo que revocaron la desvinculación prematura de ambos de la causa que investiga una serie de presiones y maniobras orquestadas desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri para empujar a la quiebra a la petrolera Oil Combustibles y así poder hacerse de sus activos petroleros, y tomar control del resto de empresas relacionadas entre los que estaba un pool de medios de comunicación. Para esto, habían bloqueado de manera ilegal el ingreso de todos los contribuyentes relacionados a los beneficios que prescribía la Ley 27.260 que el propio gobierno de Macri había instaurado.
Casación decidió revocar lo actuado por tribunales anteriores después de revisar las actuaciones a pedido de la querella que encabezan sus accionistas Cristóbal López y Fabián De Sousa. “En este contexto, y de acuerdo a lo expuesto con anticipación, se advierte que la decisión bajo examen no ha despejado fundadamente la certeza negativa requerida para el dictado de un sobreseimiento, máxime cuando la investigación no se encuentra completa pues restan medidas probatorias para producir ordenadas en el expediente”, sentenció el voto de mayoría que no consideró jurisdiccionalmente válidos los sobreseimientos de Devoto y Lamagrande. En la misma resolución, Casación decidió sostener la falta de mérito para Alberto Abad y Sebastian Paladino que era el subdirector de Recaudación y que seguirán imputados en la causa. El tribunal instruyó a la jueza María Servini para que continúe investigándolos.
Servini ya dio por acreditado que Abad dictó la Disposición N°395/2016 para instruir a la Subdirección de Recaudación para que estableciera un mecanismo que “impidiera a la empresa Oil Combustibles acogerse al régimen de regularización de obligaciones tributarias” de la ley 27260 (la del Blanqueo de Macri) hasta tanto “se dictara acerca de la situación procesal de Cristóbal López y Fabián De Sousa”, algo que terminó ocurriendo semanas después, algo inédito en el organismo dado que se anticipaba con una resolución de supuesto alcance general una cuestión sobre la que debía fallar la Justicia y cuyo resultado, se presupone, debía ser desconocido. Abad dictó esa resolución cuando Oil no estaba alcanzada por las exclusiones.
Sebastián Paladino, el subdirector a cargo de Recaudación había realizado en noviembre de 2016 una consulta “inmotivada” –para la justicia- respecto al estatus del contribuyente. Consultó a Jurídicos si correspondía restringir, pero a la vez envió una nota interna para excluirla. Lamagrande elaboró una nota que con la interpretación que fue la base de la restricción extendiendo una presunta sanción a las personas jurídicas que tuvieran relación con personas físicas investigadas por delitos tributarios. Devoto acompañó y Abad dictó la polémica resolución. Con esta decisión, todos vuelven a ser investigados como acusados.
En tanto, la Cámara Federal cuya resolución fue anulada, intentó picar en punta en la misma causa y ratificó la falta de mérito en torno a Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, un empresario y un abogado que llegaron a hacerse de la administración de los activos del Grupo Indalo y se sospecha de que tenían relación con el gobierno de Macri. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia también sobreseyeron a Damián Burgio, pero en su escrito no hicieron mención a que fue la querella de De Sousa la que desistió de apelar esa condición consintiendo su desvinculación del caso.