De acuerdo a la Justicia, los uniformados se aprovecharon, desde 2009 y hasta 2011, del grave estado de vulnerabilidad de las víctimas, de la relación de superioridad y del poder que tenían sobre ellas por la mayoría de edad y por la condición de funcionarios públicos que tenían.

De acuerdo al fallo, las víctimas, que tenían en ese entonces 13 y 14 años, eran buscadas en los alrededores del Parque Lezama de la Boca y luego eran llevadas a una pensión situada en Warnes 2105, donde residían mayormente agentes y aspirantes de la Policía Federal Argentina (PFA), o al predio del Cuerpo de Policía Montada. Allí, eran abusadas sexualmente a cambio de comida y dinero.

Los condenados sólo las trataban como “objetos para desahogar su apetito sexual”, según uno de los jueces, quien aclaró que las chicas no estaban en condiciones de consentir libremente los actos, “más en la situación de desamparo en la que se encontraban”.

Los policías Sebastián Borfitz y Héctor Palavecino fueron condenados a 16 años de prisión cada uno, con el agravante de haber abusado de su autoridad por ser agentes de una fuerza de seguridad. Al agente Gustavo Salinas le fijaron una pena de 14 años, mientras que Mauricio Acevedo fue condenado a 12 y medio y su hermano Jorge, a 12. Héctor Martínez y Miguel Campero fueron sentenciados a 10 y siete años de prisión, respectivamente, por los mismos abusos pero sólo contra una de las víctimas.