El encuentro se desarrolló en un contexto de movilizaciones, desobligaciones y críticas hacia la gestión provincial. Entre los puntos de mayor tensión se destacó la negativa del Ejecutivo a abandonar el sistema de carga SUNA y volver al anterior SIGE. Desde el Gobierno argumentaron que este último presenta más desventajas, mientras que SUTEF expresó su “profunda preocupación” por el riesgo de vulneración de datos personales en SUNA, advirtiendo que podría facilitar “persecuciones a docentes que ejerzan su derecho a huelga”. El gremio ya inició una acción legal de habeas data sobre este tema.

Otro eje central fue la deuda del 2% de incremento salarial acordado en la paritaria del 4 de junio y aún no abonado. El Ejecutivo reconoció el compromiso, pero propuso reformularlo para la próxima reunión. SUTEF, en cambio, reclamó que la recomposición sea retroactiva al 1 de junio y advirtió que “el salario mínimo vital y móvil está consagrado en la Constitución Nacional. No puede ser una opción cumplirlo o no”.

El sindicato también exigió que no se apliquen descuentos por huelga y pidió al Gobierno que cese los discursos que “deslegitiman la labor docente” y profundizan la estigmatización. “La violencia y el odio como herramientas políticas son inadmisibles en una sociedad democrática”, remarcaron.

Asimismo, volvió a reclamar el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento del Sistema Educativo Provincial. En ese marco, cuestionó los recientes acuerdos con consorcios extranjeros del sector petrolero, como TOTAL AUSTRAL y PAN AMERICAN SUR, que prevén beneficios hasta 2027. “Mientras se firman prórrogas para la entrega de recursos naturales a empresas extranjeras, la docencia no puede acceder a una vivienda digna ni sostener una vida básica en la provincia”, denunció SUTEF.