El secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Manuel Vicente, destacó en diálogo con FM Fuego los cambios que introdujo la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal, en el marco del sistema acusatorio que comenzó a regir en la provincia el 2 de diciembre de 2024. Este nuevo mecanismo ya permitió imponer una condena en menos de 90 días por un caso de contrabando de estupefacientes detectado en el paso fronterizo San Sebastián.

“El nuevo código agiliza los trámites y permite realizar procedimientos abreviados. Es decir, adelantar lo que sería el juicio y la condena a una etapa previa, con la intervención de la fiscalía, la defensa y los juzgados de control de garantías”, explicó Vicente, y agregó: “Los casos que antes tardaban cinco o seis años, ahora se pueden resolver en tres meses”.

Uno de los casos que marcó este cambio fue el del camionero Néstor Daniel Andrés Lundbye, detenido el 1 de abril cuando intentaba ingresar 13 kilos con 750 gramos de cocaína ocultos en el torpedo de un transporte de carga. La jueza federal Mariel Borruto, actuando como jueza de garantías, convalidó el acuerdo entre la Fiscalía Federal, la Aduana como querellante y la defensa, imponiéndole una pena de cinco años de prisión efectiva, más las costas del proceso. El acusado cumple la condena en la Unidad de Detención N.º 1 de Río Grande.

Vicente explicó que “el nuevo código permite que los casos sencillos se resuelvan de forma sencilla. Antes todos los delitos seguían el mismo camino, con una investigación extensa, procesamiento, juicio y recursos. Ahora, cuando hay flagrancia o una situación clara, como en este caso, donde una persona fue detenida intentando ingresar droga, se puede avanzar de manera más rápida y eficiente”.

Otro de los aspectos destacados del nuevo sistema es el rol neutral que adopta el juez. “La jueza no conoce la causa previamente. La fiscalía presenta el caso en una audiencia pública, con la presencia de la defensa, y la jueza decide sobre lo que escucha ahí. Ya no es parte de la investigación, lo que garantiza una mayor imparcialidad”, indicó.

Según Vicente, este modelo también descongestiona el sistema judicial y permite concentrar recursos en causas más complejas. “El Ministerio Público Fiscal puede aplicar criterios objetivos para dar más atención a investigaciones grandes y resolver de manera abreviada los casos más simples. Es una herramienta que beneficia a todos: víctimas, imputados y operadores judiciales”.

En ese marco, confirmó que ya son dos los casos tramitados este año bajo el nuevo sistema acusatorio en la región patagónica, ambos con condenas firmes y vinculadas al tráfico de estupefacientes. “La primera condena que se hizo en el nuevo sistema en la Patagonia; la hizo también la jueza Borruto, pero subrogando al Juzgado de Gallegos, que también fue una condena por tráfico de estupefacientes”.

Finalmente, remarcó que el compromiso de todas las partes es clave para que el nuevo código funcione, “La defensa debe evaluar si es mejor para su cliente aceptar un acuerdo con una pena conveniente, antes que exponerse a un juicio largo y con una pena incierta. Eso también acorta los tiempos y brinda una respuesta judicial más eficaz”.