Ciares explicó que este alto porcentaje de detenciones está relacionado con una política criminal específica que pone mayor énfasis en la persecución de este tipo de delitos. Indicó también que se trata mayoritariamente de personas adultas, con perfiles particulares, que son alojadas en sectores separados para garantizar su integridad física.

Sobre las condiciones de detención, sostuvo que el Servicio Penitenciario cumple con lo establecido por la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución: “Estamos obligados a garantizar condiciones dignas. Nuestra tarea es resguardar la vida humana por sobre cualquier código carcelario”.

En cuanto a la infraestructura, informó que recientemente egresaron 34 nuevos agentes penitenciarios, lo que refuerza al personal existente ante el aumento del 23% en la población penal. Además, anunció la habilitación de nuevos espacios en el Anexo 4 de Ushuaia y en la Gamela de Deportes, con capacidad para alojar entre 25 y 30 internos más.

Frente a versiones que hablaban de tratos especiales o beneficios, Ciares fue enfático: “No hay presos VIP. No sé cuál sería el contexto para decir eso. Todos empiezan desde cero. Se evalúan factores como edad, salud, conducta, pero la privación de libertad es la misma para todos”. En ese sentido, señaló que la asignación a pabellones diferenciados se realiza por criterios objetivos y añadió: “Eso no significa trato de favor, sino respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad”.

Sobre el régimen de progresividad, detalló que los internos atraviesan una etapa inicial de observación que dura 15 días, en la que se analizan aspectos como el nivel educativo, antecedentes laborales y situación emocional, con el objetivo de integrarlos a programas de estudio, trabajo o tratamiento. “Se evalúa lo que llamamos el 'factor criminógeno'. Si alguien fue condenado por falsificar billetes, no le podemos enseñar pintura”, ejemplificó.

Actualmente, 80 internos perciben peculio, una retribución por su trabajo en contexto de encierro que puede llegar a los 30 mil pesos mensuales. De ese monto, una parte se destina a deudas judiciales, otra a la manutención y el resto se ahorra para la etapa de reinserción. “La ley exige que el trabajo en prisión sea en condiciones similares al medio libre. El pago es proporcional a un tercio del salario mínimo”, explicó.

Finalmente, señaló que el índice de reincidencia es bajo y que los casos reincidentes suelen estar vinculados a delitos menores: “Los casos reincidentes suelen ser por delitos de baja cuantía. Hay personas institucionalizadas, pero representan apenas el 1 o 2% del total”.

Ciares subrayó que el sistema penitenciario fueguino se basa en el respeto por los derechos humanos y en la preparación para la reinserción social: “Privar de libertad no es solo encerrar. Es también acompañar para evitar que esa persona vuelva a delinquir”.