Con esta transformación, YCRT absorberá la operación del yacimiento, los servicios ferroviarios y portuarios asociados, así como la usina termoeléctrica de Río Turbio. A pesar de que el Estado conservará el 95% de las acciones, esta modificación sienta las bases para una futura privatización, de acuerdo con la Ley N° 27.742, que incluye a la empresa en un listado de entidades sujetas a privatización.

El decreto establece también que el Estado asumirá las deudas acumuladas por YCRT hasta la fecha de conversión en sociedad anónima. Además, la empresa quedará exceptuada de los procedimientos de contratación pública, aunque seguirá sujeta a los controles financieros establecidos por la Ley de Administración Financiera.

Uno de los objetivos centrales de esta reforma es reducir la carga económica que YCRT representa para el Tesoro Nacional. Se prevé una disminución progresiva de los subsidios estatales, así como un plan de inversiones para garantizar la operatividad del complejo. En el ámbito laboral, los trabajadores serán regidos por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y deberán negociar un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo en los próximos 180 días. A pesar de esta transición, el Gobierno aseguró que se respetarán los derechos adquiridos por los empleados.