Montes señaló que el decreto 70/2025 establece una reorganización del organigrama nacional, eliminando la Secretaría de Vivienda y Hábitat y dejando solo la Secretaría de Obras Públicas, que abarca regularización dominial e infraestructura. "Lo que antes era el Ministerio de Vivienda y Hábitat hoy pasó a no existir, por lo cual es muy difícil trabajar", afirmó.

En cuanto a los fondos comprometidos, la presidenta del IPV indicó que aún no han llegado ni a Tierra del Fuego ni a otras provincias. "Nosotros estamos comunicados con el resto de los IPV a nivel nacional y no se han generado pagos. Tampoco hubo pago de las adendas, porque nosotros tenemos certificados que hemos mandado a Nación para generar la devolución del financiamiento mixto que se previó el año pasado, y todavía no tenemos nada acreditado".

La funcionaria sostuvo que el Gobierno Nacional ha tomado la decisión política de no construir viviendas, y prevé que en el futuro la alternativa sea la toma de créditos para la construcción. Por ahora, la prioridad del IPV es finalizar las 414 viviendas en ejecución, mientras que el plan de dos mil viviendas licitado en 2022 fue descartado y será reemplazado por la entrega de terrenos con servicios para autoconstrucción.

"En todos los gobiernos anteriores nosotros trabajamos con planes nacionales de vivienda, que han tenido varios nombres. Nosotros tenemos ejecución de obras con Casa Propia, Casa Activa, Reconstruir y PROCREAR, que en realidad pertenece a los municipios. El IPV está abocado como prioridad a terminar las viviendas que tenemos", indicó Montes.

Sobre la financiación actual, explicó que el IPV se mantiene con fondos propios y con la coparticipación del FONAVI, mientras espera que Nación cumpla con el convenio firmado en 2024. "Con los fondos mensuales del FONAVI tenemos ingresos de coparticipación y la terminación de las viviendas se va a adecuar para ajustarnos a la proyección de ingresos. La terminación va a ser más lenta, pero las vamos a terminar".

Actualmente, el IPV está manejando cerca de dos mil millones de pesos rendidos a Nación sin respuesta. Sin embargo, Montes aclaró que "El gobierno tampoco ha dicho que ese convenio se ha caído, por lo cual somos optimistas y seguimos esperando que terminen de acomodar toda su estructura para que puedan continuar".

En cuanto a los beneficiarios, el padrón de inscriptos sigue creciendo y la demanda alcanza a más de ocho mil personas. "Tenemos tres mil familias anotadas y se va muy arriba la demanda con personas solas y estudiantes, que llega a ocho mil en total. Tenemos una demanda estancada por los motivos que ya conocemos. No hemos suspendido las inscripciones, por lo cual es lógico que el número vaya aumentando, porque estamos lentos con la terminación de soluciones habitacionales".

Finalmente, Montes explicó que el instituto ha modificado planes de trabajo con las empresas contratistas para garantizar el pago de los certificados básicos y sostuvo que "Hoy una vivienda de 65 metros cuadrados tiene una cuota de entre 300 y 350 mil pesos, que es más bajo que un alquiler. La financiación es a 30 años, con el sistema tradicional de IPV".