El Gobierno tiene previsto publicar el decreto reglamentario de la reforma laboral entre este miércoles y jueves en el Boletín Oficial, tras haber demorado su publicación para ajustar detalles consensuados con la Confederación General del Trabajo (CGT) y el sector empleador. Según fuentes oficiales, el texto ya estaba prácticamente listo, pero algunos cambios en los últimos días fueron necesarios para afinar dos artículos clave de la norma.

Este sábado, el secretario de UPCN, José Rodríguez, dejó en claro las discrepancias que el sindicalismo mantiene respecto a la reforma laboral impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Rodríguez manifestó su desacuerdo con varios aspectos de la normativa, incluyendo la penalización de bloqueos empresariales y la creación de la figura del trabajador independiente, entre otros puntos de la reglamentación.

“Hemos dicho claramente que estamos en desacuerdo con cómo están planteadas en la ley. Necesitan clarificación porque puede darse un abanico de posibilidades de medidas injustas que afecten al mundo del trabajo”, señaló Rodríguez, subrayando la preocupación de la CGT por los potenciales efectos negativos de la reforma en el ámbito laboral.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, trabajó en incorporar las sugerencias recibidas tanto del sector sindical como empresarial. Las negociaciones incluyeron a abogados de la CGT y expertos de la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes discutieron los ajustes que se realizarían en los artículos más sensibles de la reforma.

Uno de los puntos más controversiales que los líderes de la central sindical buscaron suavizar, fue el artículo que penaliza los bloqueos laborales, los cuales serían considerados una "grave injuria laboral". De esa forma, se propuso que sea la justicia, y no los empleadores, la encargada de decidir si un despido por bloqueos es justificado. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo se habría aceptado esta modificación solo para los delegados sindicales, limitando su alcance a la dirigencia gremial.

En el sector empresarial, una de las mayores expectativas está puesta en el artículo que establece un blanqueo laboral, eliminando multas a los empleadores por trabajadores no registrados o mal registrados. Además, se espera una extensión del período de prueba para los empleados, que pasará de 3 a 6 meses en la mayoría de las empresas, y hasta 8 meses para aquellas que cuenten con entre 6 y 100 trabajadores. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) de hasta cinco empleados, el plazo podría estirarse a un año.

Otro punto destacado es la creación del Fondo de Cese Laboral, que reemplazaría el sistema de indemnizaciones actuales y buscaría reducir la "industria del juicio laboral". Este nuevo sistema sería opcional y dependería de los acuerdos entre los sindicatos y los empleadores.

El decreto también incluirá la creación de la figura del trabajador independiente, quien podrá tener hasta tres autónomos a su cargo para llevar adelante emprendimientos productivos, otra de las áreas que generó discusiones durante las negociaciones con la CGT.

La publicación del decreto marcará el inicio de un nuevo marco regulatorio para las relaciones laborales en Argentina, con el objetivo de flexibilizar ciertas normativas y fomentar la formalización del empleo, aunque no exento de controversias y oposición en algunos sectores.