Tras el vencimiento de la prórroga de suspensiones el 31 de julio pasado, en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo, por medio de la apoderada de la fábrica Textil Río Grande y el abogado, se comunicó oficialmente que la suspensión no se extendería ya que la empresa no podrá afrontar los salarios a sus operarios, lo que agrava aún más la incertidumbre que existe en los trabajadores que siguen suspendidos desde noviembre del año pasado.
La segunda quincena de julio debía ser abonada el cuarto día hábil de agosto, pero el pago aún no se ha acreditado y cuando los trabajadores se presentaron a sus puestos, tras el fin de la suspensión laboral, se encontraron con la fábrica cerrada, presentándose el telegrama correspondiente.
Ante este panorama, desde la Asociación Obrera Textil (AOT) afirmaron que por estas horas se ven obligados a tomar una decisión crucial, optar por el retiro voluntario o recurrir a la justicia laboral. Hasta ahora, un puñado de trabajadores ha optado por el retiro voluntario, mientras que alrededor de 50 empleados aún permanecen en la empresa, esperando alguna noticia que les dé esperanza.
Como agravante, desde el sindicato textil sostienen que las indemnizaciones ofrecidas no son justas, ya que la empresa las calcula sobre un porcentaje reducido debido a las suspensiones laborales previas.
Según lo informado, la patronal aseguraría pagar al 100% las indemnización por retiro voluntario, en 12 o 18 cuotas, pero esta solo cubre un 60% debido a que toman como calculo los meses suspendidos.
La situación ha llevado al sindicato a presentar una nota al Ministerio de Trabajo, exigiendo que se obligue a Textil Río Grande a pagar los salarios adeudados, mientras que los trabajadores se organizan para llevar adelante un plan de lucha afuera de la planta para presionar a la empresa y a las autoridades por una respuesta a la situación.
Tras el pedido de una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, la misma se llevará a cabo este jueves 15 de agosto a las 11 horas, en donde se intentará resolver el conflicto de salarios adeudados e indemnizaciones.