El Ejecutivo estableció la normativa vinculada al Título II, que se hizo efectiva mediante el decreto 695/2024 publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. El mismo está relacionado con la reforma del Estado, los cambios en los procedimientos administrativos, la privatización de empresas públicas y la flexibilización de las condiciones del empleo público.

Privatizaciones

El esquema previsto para la concesión o venta de empresas como Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, SOFSE, Corredores Viales, NASA y YCRT fue detallado en el decreto. Los ministros o secretarios responsables deberán presentar informes al Poder Ejecutivo, proponiendo modalidades y procedimientos para las privatizaciones.

Estos informes incluirán el carácter total o parcial de la privatización, alternativas de procedimiento, modalidades para materializar la privatización, procedimiento de selección y plazos estimados. Una copia del informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.

Empleo público

En cuanto a la estructura del empleo público, se establecieron nuevas bases para el ingreso al Estado, incluyendo una “Evaluación General de conocimientos y competencias” anónima. Además, los empleados deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y certificados de aptitud psicofísica.

“La máxima autoridad de la jurisdicción u organismo descentralizado al que corresponda el cargo concursado o sujeto a proceso de selección será responsable de la verificación del cumplimiento de los recaudos establecidos en el presente artículo, así como de las previsiones pertinentes de las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública”, señala e indica: “En lo concerniente a las normas sobre ética en el ejercicio de la función pública y su aplicación respecto al presente artículo, cuando la Unidad de Recursos Humanos del organismo en que tramita el ingreso lo considere pertinente consultará a la Oficina Anticorrupción o el órgano competente, el que deberá expedirse dentro de los cinco días de efectuada la consulta”.

Las contrataciones ad honorem y por tiempo determinado también fueron autorizadas, con especificaciones claras sobre las funciones y la duración del trabajo. Los contratos podrán ser rescindidos en cualquier momento.

Sobre la situación de las personas afectadas por la reestructuración, dispusieron la creación del Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad y establecieron una escala para asignar el período de disponibilidad del personal alcanzado, que quedó conformada de la siguiente manera:

• hasta 15 años de antigüedad: 6 meses;

• más de 15 años de antigüedad y hasta 30 años de antigüedad: 9 meses;

• más de 30 años de antigüedad: 12 meses.

Las personas que se encuentren en esta situación percibirán en concepto de haber de disponibilidad “un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria alcanzada en la progresión vertical y horizontal de la carrera administrativa, con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”.

De igual forma, aquellos que tengan un sumario en curso no podrán cobrar la indemnización hasta que se cierre el expediente.

Procesos administrativos

Mediante el anexo del decreto, se hacen efectivos una serie de cambios y modificaciones en los procesos administrativos de los organismos del Estado a fin de agilizar los tiempos de la gestión.

“Los trámites en el marco de recursos, reclamos y demás impugnaciones previstas en la Ley de Procedimientos Administrativos y en el presente reglamento son gratuitos, con exclusión de aquellos en los que, por normativa específica, se exija el pago de una tasa o suma de dinero por el desarrollo y organización de esa actividad estatal específica y concreta”, sostiene la normativa.

En este apartado, se establece el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, que especifica los procesos de los trámites del Estado, otorgándole a los adolescentes la plena capacidad de intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte autorizada. Asimismo, contempla a los medios electrónicos como una forma de notificación formal o como una de las maneras válidas para presentar un escrito.

Sin embargo, con este decreto, el oficialismo solo estableció la reglamentación de la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, por lo que aún falta ultimar los detalles para la implementación de los demás títulos de la legislación, dentro de los que se encuentra el RIGI, uno de los principales puntos que más conflictos generó en ambas cámaras y trabó las negociaciones.