El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, presentó ante la justicia un “recurso de revocatoria” contra el fallo del juez de feria Martín Cormick, que le imponía a esa cartera un plazo de 48 horas para que explique cómo se viene ejecutando la distribución de los casi seis millones de kilos de alimentos almacenados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán y que deberían ser distribuidos a comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas y planes alimentarios que se encuentran en vigencia.

De esta manera, el gobierno de La Libertad Avanza demuestra su disconformidad al plazo de 20 días que el viernes 12 de julio dispuso el juez original de la causa, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.

El Gobierno nacional entiende que la medida dictada por el juez de feria obedece a que el dirigente político y abogado Juan Grabois quien impulsó a que los abogados de la UTEP y el CELS pidan acortar los tiempos porque, según esa interpretación, Cormick sería “un juez kirchnerista y amigo de Grabois para que cambie los plazos dictados por el juez de la causa, y lo hizo”.