Hubo asistencia perfecta. En la extensa mesa del salón Eva Perón estuvieron sentados los representantes de las 23 provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires. En la punta, el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse. A su derecha, el brazo político del Gobierno, el ministro del Interior, Guillermo Francos. Fue una imagen positiva para la Casa Rosada, después de un encadenamiento de acusaciones y agravios, y un fracaso legislativo estruendoso. Una foto de paz y estabilidad.

La reunión de casi cuatro horas fue un momento para barajar y dar de nuevo. Así lo sintieron la mayoría de los gobernadores. Los aliados y los negociadores pudieron reubicarse en esas posiciones, después de la incomodidad de haber quedado atrapados por las amenazas y los insultos de Javier Milei a sus colegas. Los duros, seguirán siendo duros y opositores.

El equilibrio lo generan los gobernadores más pragmáticos, la mayoría de ellos de partidos provinciales. El Gobierno entendió que debe generar una mayoría parlamentaria y que la mejor forma de hacerlo es construyendo puentes con los mandatarios. Política tradicional en su máxima expresión. Aunque el oficialismo la niegue y la descalifique.

Los temas fueron los esperados. Impuesto a las Ganancias, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y del fondo compensador para el transporte, y la nueva Ley Ómnibus. Cada una de las partes puso sobre la mesa sus intereses pero no hubo acuerdos, sino gestos de acercamiento y de buena predisposición para negociar. Desde la mirada de la mayoría de los gobernadores fue un avance importante. La guerra del Presidente contra ellos se puso en pausa. Nadie se anima a decir que se terminó.

“Hubo un ámbito de diálogo donde pudimos intercambiar opiniones. En la mayoría de los gobernadores hubo buena recepción de las propuestas del Gobierno. Pero todo se verá cuando tengamos la redacción más fina de la nueva Ley Ómnibus”, analizó uno de los gobernadores que estuvo presente en el encuentro y que venía exigiendo mayor apertura por parte del oficialismo.

Durante la reunión hubo un pedido unánime para los dos ministros del Gabinete. Los mandatarios exigieron que Milei los deje de agredir a través de las redes sociales. Le marcaron que para tener una buena convivencia es primordial que el Presidente revea sus formas. Francos y Posse solo atinaron a decir que le iban a hacer llegar el pedido. Formalidad pura. El malestar solo está tapado. Nadie se olvida.

El tema del restitución del Impuesto a las Ganancias divide a los gobernadores. Las provincias del sur y del centro no quieren que vuelva. En esa lista se anotan los gobernadores patagónicos, Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. El Gobierno insiste con el regreso del tributo mientras que los mandatarios piden que se utilice otro mecanismo de compensación, como puede ser la coparticipación del Impuesto País o el Impuesto al Cheque.

Durante la reunión el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó lo que ya había comentado en público. La posibilidad de instaurar un impuesto a los altos ingresos. Una postura similar tiene el santafesino Maximiliano Pullaro, que no asistió al encuentro debido a la crítica situación de inseguridad que está viviendo Rosario en los últimos días. Son caminos alternativos que están en evaluación.

El Gobierno está dispuesto a trabajar en una postura que aglutine el mayor consenso de los mandatarios. Sabe con claridad que es un tema sensible que afecta, y mucho, las arcas provinciales, pero que sin acuerdo previo, cualquier proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo no podría pasar el filtro de la Cámara de Diputados. Por eso Francos fue cuidadoso en sus declaraciones y advirtió que buscarán encontrar un punto de acuerdo.

El cambio en la gestión política fue notorio. Los ministros se mostraron abiertos y predispuestos a poder construir posturas de consenso. Anticiparon las necesidades del Gobierno en términos legislativos y abrieron un canal de diálogo nuevo a través de la constitución de dos comisiones -una política y otra económica- para acelerar la búsqueda de acuerdos. Un lugar para canalizar reclamos pero, sobre todo, para que haya equipos técnicos trabajando a la par.

La idea es que a través de la comisión económica, que formarán los ministros de Economía de todas las provincias, se puntee el boceto de la nueva Ley Ómnibus, donde el Gobierno insistirá con la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la declaración de múltiples emergencias y la privatización de empresas públicas. La verdadera negociación sobre el contenido de la ley aún no arrancó.

“La ley está morigerada. Con algunos retoques, es votable”, indicaron desde una de las provincias que rechazó, a través de sus diputados, el proyecto que llegó a tratarse en el recinto. El formato nuevo tiene 190 artículos -muy distante de los más de 600 que tuvo el primer texto- pero los gobernadores aún no tienen la letra chica, clave para que levanten el pulgar. La intención del Gobierno es que el proyecto llegue con acuerdo previo a la Cámara baja para que la negociación no se empantane como sucedió un mes atrás.

La buena sintonía de la reunión es una parte de la historia. La otra empezará a construirse en el momento que haya más detalles del nuevo proyecto de ley y que el Gobierno vuelva a poner sobre la mesa una opción para ordenar la coparticipación y restituir los fondos que las provincias perdieron por la eliminación del impuesto a las ganancias. Es un punto de conflicto que, más temprano que tarde, deberá resolver.

Los gobernadores celebraron la apertura al diálogo a través de sus redes sociales, lo que marca que el reclamo que venían haciendo desde hace tiempo tuvo una devolución. Tienen la voluntad política de reconstruir el vínculo con la Casa Rosada a través de Francos. Sin embargo, ponen un manto de duda sobre cómo será la relación con Milei, al que consideran impredecible.

Un gobernador dialoguista sintetizó la reunión en un puñado de palabras: “Estamos a tiempo de que esto sea exitoso y que nosotros podamos contribuir para que el proyecto funcione. Dependerá, en su gran mayoría, de lo que haga el Presidente”.