Entre las principales iniciativas de en este decreto en el que se pretende modificar o derogar más de 3.000 leyes sin la necesidad de pasar por el Congreso, figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado, un plan de achicamiento de gastos públicos y la derogación de la ley de alquileres.

* Se extiende el período de prueba laboral: hoy son tres meses, pasaría a ocho.

* Baja considerable en aportes y contribuciones: hoy, las empresas contribuyen con el 16% de la jubilación, el 2% del PAMI, el 6% de la obra social, el 1,5% del Fondo Nacional de Empleo, el 0,3% del Seguro de Vida Obligatorio y la ART. Los trabajadores aportan el 11% de la jubilación, el 3% del PAMI y el 3% de la obra social.

* Cambio en indemnizaciones: promueve el modelo UOCRA para reemplazar indemnizaciones por fondos de desempleo y recorta las multas a empleadores. Se limitarían ciertos rubros que componen la base de cálculo de la indemnización como el pago del celular, vales alimentarios, y los bonos anuales. La Corte Suprema les reconoció carácter remuneratorio.

* También se buscaría modificar la cuota solidaria, que se acuerda entre empresas y sindicatos y fija un descuento del sueldo a los trabajadores no afiliados por su representación en la negociación colectiva.

* Bloqueo sindical como causal de despido.

* Regulación del derecho a huelga.

* Contratos de alquiler: las partes podrán pactar los contratos en cualquier moneda extranjera y se prohibe a los jueces que conviertan el precio a pesos.

* También se apuesta a poner fin al control y regulación de precios de bienes de consumo, liberar las exportaciones y que solo deban registrarse a los fines estadísticos,

* Además, se busca eliminar los cupos de exportaciones en distintas actividades.

* La derogación de la Ley de Góndolas y de Compre Nacion, entre otras.

Los DNU entran en vigencia apenas se publican en el Boletín Oficial pero igualmente deben ser remitidos a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo integrada por diputados y senadores, la cual debe emitir un dictamen sobre la validez de la medida que luego se aprueba o se rechaza en el recinto. Para que un decreto se mantenga, basta con que una sola de las Cámaras lo apruebe por simple mayoría, mientras que para dejarlo sin efecto debe ser rechazo por ambas.