Se trata de la denuncia de una mujer que dio cuenta que llegó a un prostíbulo de la ciudad de Ushuaia en el año 2008, donde conoció a un oficial de la Policía Provincial, Héctor Silvestre, quien comenzó a usufructuar económicamente la relación sentimental con la misma.

Incluso le avisó antes del allanamiento de ese entonces al local Black & White, llevándola a Río Grande a ser explotada en el local Aquelarre entre los años 2010 y 2013; según consta en la denuncia.

Ante ello se imputó por explotación sexual aprovechando situación de vulnerabilidad social, tanto a ese oficial de la Policía Provincial; como a los integrantes de regentear el local Aquelarre; Jorge Scienza, Diego Escalante, Oriana Mailén Acosta, Elvira Centurión y el propietario del inmueble de calle Don Bosco 1218, Carlos Longiarú.

Esta semana el juez Calvete consideró que no hay evidencia para procesar ni sobreseer definitivamente a los imputados, dictado la “falta de mérito” salvo en el caso de Carlos Longiarú, de quien aún se desconoce su paradero en el marco de esta segunda causa.

Tanto Scienza, Escalante, Acosta, Centurión y Longiarú; aún aguardan la realización de un segundo juicio por la primera causa “Aquelarre” en la cual se dictó la nulidad de las condenas del primer juicio en un proceso judicial que lleva ya más de 10 años desde los allanamientos a ese cabaret en 2013.