El oficialismo -con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como uno de los motorizadores de la iniciativa- busca convertir en ley en la Cámara de Diputados una nueva moratoria previsional –que ya cuenta con sanción del Senado- que permitiría jubilarse a alrededor de 800.000 personas que no cumplen con los años de aporte reglamentarios.

La urgencia radica en que el 31 de diciembre próximo vence el decreto presidencial que prorrogó la vigencia del plan de regularización de deuda jubilatoria iniciado en 2014.

De cara a ese objetivo, la titular de la Anses, Fernanda Raverta, recorrió en las últimas semanas los despachos de los legisladores, con ánimos de interiorizarlos acerca de las ventajas de la iniciativa y acelerar el tratamiento en el recinto.

En ese marco, Raverta se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y con la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Paula Penacca.

Fuentes de Anses aseguraron que "es una ley central para poder seguir jubilando gente, con una propuesta de pago racional. El objetivo es generar previsibilidad en materia jubilatoria".

El proyecto, denominado "Plan de pago de deuda previsional", consta de dos capítulos: el primero destinado a personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los treinta años de aportes necesarios, con una lógica parecida a las moratorias anteriores.

Este apartado, que involucraría a ese universo de 742.000 personas (447.000 mujeres y 295.000 hombres), permitirá cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales, cuyo valor equivaldrá al 29% de la remuneración mínima imponible (a precios de hoy se estimó en $ 4.896).

La segunda parte de la ley es para que quienes aún no tienen la edad jubilatoria pero se encuentran a 10 años o menos de alcanzarla y no cuentan con los aportes necesarios, puedan comenzar a regularizar su deuda.

La Anses estima que este universo comprende a alrededor de 552.000 mujeres de entre 50 y 59 años y a 327.000 varones de entre 55 y 64 años.

En concreto, este último capítulo contempla la posibilidad de que ciudadanos que en algún momento de su vida laboral no aportaron al sistema de seguridad social, empiecen a cancelar esa deuda para llegar a la edad jubilatoria con todos los aportes hechos.

De acuerdo a la ley, el período a saldar abarca cualquier tramo adeudado desde el comienzo de la vida laboral del individuo hasta marzo de 2012.

De contar con muchos adeptos, los ingresos generados permitirían a la Anses financiar los costos fiscales asociados al primer capítulo de la ley, mediante el cual se jubilarían más de 742.000 personas, como se dijo.

"Es una posibilidad de recaudar dinero para pagar las nuevas jubilaciones y de construir ingresos que hoy no tiene el organismo", dijeron en la Anses.

Sin este novedoso capítulo, el costo fiscal de las nuevas jubilaciones equivalente a alrededor del 0,19% del PBI.

Las anteriores moratorias permitieron ingresar al sistema jubilatorio a millones de argentinos y argentinas.

De acuerdo a datos de la Anses, sólo una de cada diez mujeres y tres de cada diez varones alcanzan la edad jubilatoria con los 30 años de aportes exigidos. Al momento de dejar el mundo del trabajo, en promedio los ciudadanos llegan con entre 14 y 17 años de aportes.

En efecto, del total de 7,2 millones de jubilados actuales, más del 50% accedió a través de alguna moratoria, lo que permitió alcanzar el actual nivel de cobertura del 95%.

La dependencia previsional remarcó que el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado es importante "porque da respuesta a un situación urgente ya que, de no sancionarse la ley, a partir del 2023 comenzará a caer notablemente la cobertura".

"Si eso ocurre, las más afectadas serán las mujeres, dado que deberán esperar 5 años más, es decir hasta los 65 años para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)", agregaron.

La PUAM es un mecanismo establecido por ley del año 2016, que permite que las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión accedan a un haber mensual equivalente al 80% de una jubilación mínima.