A 10 años de la tragedia del tren de Once, los condenados en un primer juicio oral gozan ya de libertad condicional o prisión domiciliaria, en tanto la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución un recurso de queja de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

El choque de la formación del ex ferrocarril Sarmiento en la estación del barrio porteño de Once derivó en dos juicios orales penales en 2015 y 2017.

El primero se hizo contra el motorman del tren Marcos Córdoba, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) y los exsecretarios de Transporte en el kirchnerismo, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Este debate oral en 2015 derivó en condenas a prisión para 21 personas que quedaron firmes en la Corte Suprema, salvo la de Jaime.

El exfuncionario había sido condenado a 7 años de cárcel por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 pero al revisar la sentencia la Cámara Federal de Casación le subió la pena a 8 años, por lo cual la Corte ordenó que otros jueces del máximo tribunal penal del país revisen esa decisión en garantía del llamado derecho al "doble conforme"

Hasta que esto ocurra, Jaime recuperó la libertad pero exclusivamente en esta causa, ya que en la actualidad está detenido y sometido a juicio en el marco de una pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito y otros hechos de corrupción.

Los condenados en el juicio oral iniciado en 2015 se presentaron para quedar presos el 5 octubre de 2018 en los Tribunales Federales de Retiro, una vez que Casación revisó sus condenas, las redujo y rechazó luego un recurso extraordinario ante la Corte.

Salvo en el caso de Jaime, el máximo tribunal del país dejó firme las penas el 24 de septiembre de 2020, al rechazar varios recursos de queja.

El 31 de diciembre pasado quedó en libertad condicional el expresidente de TBA al momento del choque, Carlo Michelle Ferrari, quien había sido condenado a 5 años de prisión por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y "estrago culposo agravado" en relación al hecho que derivó en la muerte de 52 personas y causó heridas a 789 en la mañana del 22 de febrero de 2012.

Al igual que otros condenados, el exdirectivo de TBA tenía ya concedido el beneficio de la prisión domiciliaria para cumplir penas que vencen entre 2023 y 2024.

Otros beneficiados con la libertad condicional entre diciembre de 2021 y enero último fueron los ex directivos de TBA Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone y Carlos Pont Verges.

A todos se les retiró la tobillera electrónica con la que cumplían el arresto domiciliario.

En otro de los casos, Jorge Álvarez, también directivo de la concesionaria al momento de la tragedia, quien había sido condenado a seis años de prisión, recibió la libertad condicional el 9 de diciembre último y salió de la cárcel de Ezeiza, donde cumplía la condena que vencerá el 4 de octubre de 2024.

Schiavi, por su parte, salió en libertad condicional el 15 de noviembre pasado, al cumplir dos tercios de su condena a cinco años y seis meses de prisión.

Su pena vencerá el 4 de abril de 2024.

Por su parte, el maquinista Córdoba, con una pena de tres años y tres meses de cárcel, obtuvo la condicional en septiembre de 2020 y salió de la cárcel de Marcos Paz .

En cuanto al máximo responsable de la empresa TBA, Claudio Cirigliano, está con condena firme a 7 años de cárcel y tiene arresto domiciliario desde abril de 2021 por cuestiones de salud.

Cirigliano dejó en ese mes la cárcel de Ezeiza y quedó alojado en su casa de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica, con su esposa como garante.

En los restantes casos, los condenados ya habían accedido a la libertad condicional en 2020 por haber sido sentenciados a tres años de prisión o porque gozan de prisión domiciliaria con motivo de problemas de salud.

En octubre de 2018, en un segundo juicio por la tragedia, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión.

Este juicio lo realizó el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lo condenó por "administración fraudulenta" en un veredicto que está confirmado en la Cámara Federal de Casación pero con un recurso de queja a estudio de la Corte Suprema.