El Tribunal Oral Criminal y Correccional 7 comienza a juzgar este lunes las responsabilidades penales de 13 personas -entre empresarios, funcionarios del Gobierno porteño y policías-, por el derrumbe de un entrepiso en el boliche "Beara" del barrio de Palermo que provocó la muerte de dos mujeres y más de 50 heridos.

En la madrugada del 10 de septiembre de 2010, en el local Beara de Scalabrini Ortiz 1.638, el grupo "Ráfaga" ofreció un recital y pocos minutos después de finalizar, a las 3.50, el entrepiso en el que se encontraba el sector vip colapsó y se derrumbó sobre la planta baja.

Como consecuencia de la caída, murieron aplastadas Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, de 21 y 20 años respectivamente, y quedaron con heridas diversas más de 50 personas.

En el banquillo de los acusados estarán los responsables del boliche, exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que debían controlar el estado del lugar y policías que están acusados de cobrar coimas para permitir las irregularidades.

Los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess -socios en la firma que explotaba el boliche- están acusados por "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves".

Además, los tres empresarios deberán afrontar también una acusación por "cohecho activo en concurso real", derivada del presunto pago de coimas para lograr la habilitación del local.

Beara estaba habilitado en las categorías restaurante, café bar, despacho de bebidas y casa para fiestas privadas, pero no como discoteca, y las pericias consignaron que el entrepiso, de unos diez metros de ancho por siete de largo y ubicado a unos diez metros de altura, era de "aluminio y durloc, con partes de madera".

También deberá afrontar este juicio el exresponsable de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Diego Farrell, acusado de los delitos de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves y cohecho pasivo en concurso real".

Del mismo modo, están procesados con distintos niveles de responsabilidad, los funcionarios porteños Pablo Saikauskas, Norberto Cassano, Isaac Rasdolsky, Carlos Mustapich y Vanesa Berkowski.

Beara obtuvo su habilitación como bar en 2007 y dos años después sus propietarios pidieron la habilitación como "casa de fiestas privadas" pero el local funcionaba como boliche encubierto y había sido clausurado dos veces antes del derrumbe.

Según los testimonios relevados en el marco de la investigación, cualquiera que pagara 20 pesos de la época podía acceder a Beara y en general la capacidad del boliche, y del entrepiso, se encontraba colmada.

En el grupo de acusados estarán también los policías de la Federal Rodolfo Cabezas, Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes habrían recibido sobornos mensuales entre 2007 y 2010 por parte de los dueños del boliche.

En la computadora de Beara, secuestrada por la Justicia, se encontraron registros del pago de "coimas" a los funcionarios públicos y a los policías involucrados.

Los integrantes de Ráfaga dijeron en el momento que había mucha gente en el local y que la mayoría saltaba mientras el grupo musical tocaba, aunque algunos testigos señalaron que la propia banda alentaba al público a que lo hiciera.

En la elevación a juicio, el fiscal Andrés Madrea remarcó que "tanto los titulares de la sociedad, sus profesionales empleados y el coorganizador de la noche -así como los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en lo que les compete- han sido quienes tenían el dominio del hecho, toda vez que eran quienes se encontraban en posición de garantes específicos".

"Desde la organización hasta el otorgamiento de la habilitación y su ampliación, desde la explotación como tal al control previo para su uso y su subsistencia como tal, ello, al crear una serie de riesgos relevantes derivados tanto de la edificación defectuosa, hasta de la ejecución de un plan llevado a cabo por actos -activos y omisivos- que llevaron a la provocación del resultado con evidente omisión y desprecio de recaudos de seguridad y de la protección de la salud y de la integridad física de los concurrentes", definió el fiscal al momento de recomendar que se los someta a juicio oral.

Las audiencias comenzarán este lunes a las 9, aunque antes el tribunal integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti Achával, definirán una serie de pedidos que hicieron las partes en el juicio.

En el debate intervendrá el fiscal Oscar Ciruzzi, a cargo de la Fiscalía General 7 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional.